El fin justifica los medios
Joaquín Godoy es Soy Amplitud, porque creo en la libertad de las personas y no le tengo miedo a los cambios que Chile está planteando. No nos importa de dónde vienen las personas, sino más bien para dónde quieren ir.
Como ocurre cada cierto tiempo –siempre en el marco de una crisis oficialista-, la Nueva Mayoría echa mano a temas que le aseguran desviar la atención de la baja en las encuestas de la Presidenta de la República, como lo demostró la última encuesta Adimark, y de su ineptitud inexcusable en el manejo de la seguridad pública.
En esta ocasión, fue la recurrentemente utilizada Ley de Amnistía, provocando un debate inoficioso junto con una utilización irresponsable de herramientas que la Constitución entrega al Gobierno para agilizar el trámite legislativo de iniciativas que por su relevancia, demandan una celeridad especial.
En efecto, la Presidenta Bachelet puso suma urgencia a una iniciativa, que en lo medular busca anular el Decreto Ley 2191 de 1978 –conocido como Ley de Amnistía- que exime de responsabilidad penal a los autores de hechos delictivos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.
El problema es que la anulación de leyes por parte del parlamento es una institución que no está contemplada en nuestra Carta Magna, lo que deja en evidencia y amplifica la irresponsabilidad de la Mandataria, quien de seguro utilizará el tema solo “hasta que el tiempo mejore”, ya que se expone a una derrota humillante en el Tribunal Constitucional.
Asimismo, la derogación –otra de las formulas explorada por el oficialismo- es una opción infertil, toda vez que respecto de quienes ya se acogieron a la normativa, no cabe aplicar una disposición más gravosa, por principios que informan el derecho penal. De la misma forma, los tribunales de alzada uniformemente han desconocido la Ley de Amnistía en los últimos años, por colisionar con convenciones internacionales suscritas por nuestro país. Ha sido la propia Corte Suprema la que ha señalado que de acuerdo al desarrollo del derecho internacional humanitario, no cabe la exoneración o la renuncia a la persecución penal de delitos de lesa humanidad.
Que se entienda bien. Mi compromiso con la defensa de los Derechos Humanos de los chilenos es irrestricta, sea cual sea la trinchera que ocuparon décadas atrás, o sea cual sea su pensamiento político hoy en día. Mi crítica va por lo que finalmente, es una utilización política inaceptable de un tema que aún mantiene heridas abiertas en nuestro país, más aun con mecanismos institucionales reñidos con nuestra Constitución.
