Cuidado con las urgencias
El Ejecutivo puede coordinar la agenda legislativa del Congreso a través la herramienta constitucional de las urgencias, las cuales permiten dar celeridad a la discusión y votación de los proyectos de ley a través de la fijación de un plazo para el efecto. No obstante, la autoridad no debiera abusar de este instrumento, toda vez que la celeridad injustificada para alcanzar metas de cumplimiento pueden traer más perjuicios que futuros beneficios.
Sergio Morales Cruz es Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es investigador del Programa Legislativo y Constitucional de Libertad y Desarrollo. El abogado se desempeñaba anteriormente en el Estudio Jurídico y Consultores Ventura y Asociados.
Hace algunos días el Gobierno anunció como meta el aprobar en el Congreso Nacional 10 proyectos de ley considerados como prioritarios antes del 31 de enero de 2015. Dentro de ellos se encuentran nada más y nada menos que la reforma educacional, el cambio del sistema binominal, modificaciones a ley de violencia en los estadios, acuerdo de vida en pareja, entre otros.
El Ejecutivo puede coordinar la agenda legislativa del Congreso a través la herramienta constitucional de las urgencias, las cuales permiten dar celeridad a la discusión y votación de los proyectos de ley a través de la fijación de un plazo para el efecto. No obstante, la autoridad no debiera abusar de este instrumento, toda vez que la celeridad injustificada para alcanzar metas de cumplimiento pueden traer más perjuicios que futuros beneficios.
Considerando las últimas experiencias legislativas a propósito de la tramitación de la reforma tributaria y del sistema de estabilización de precios de los combustibles (MEPCO) donde, producto de la celeridad impuesta, se cometieron varias desprolijidades en la discusión de los contenidos, no puede sino preocupar este nuevo anuncio. Es muy posible que producto de la necesidad de “cumplir” lo antes posible con un programa de gobierno, se afecte la calidad de los productos legislativos ante una falta de participación de expertos y organizaciones civiles, así como de un debate reposado y responsable.
Asimismo, es a lo menos curioso que las prioridades legislativas de esta administración no contemplen el ingreso o impulso de proyectos que contribuyan a reactivar la economía -que se encuentra tan deprimida-, por medio de incentivos a la inversión y al emprendimiento, así como iniciativas que apunten a flexibilizar las condiciones laborales vigentes, todo lo cual es el gran remedio a generar mayor crecimiento y más empleo.
No se debería tomar tan a la ligera la labor legislativa sólo por cumplir, apurando innecesariamente discusiones trascendentales para el país por medio del sistema de urgencias, sino que más bien se debiese apuntar a generar normativas reflexionadas y serias, pues finalmente las consecuencias de las malas decisiones que se adopten implican un gran costo tanto económico como social para el país.
