Reformas que nada reforman: La gran reforma laboral del gobierno de la Nueva Mayoría

A 24 años del retorno a la democracia, seguimos con un sistema de relaciones colectivas del trabajo diseñado por la dictadura bajo el conocido “Plan Laboral”. Se trata de un modelo intervencionista y restrictivo de los derechos colectivos (sindicación, negociación colectiva y huelga).

No ha existido una voluntad política seria para generar reformas profundas que impliquen el paso desde un modelo altamente intervenido y sobre-regulado, hacia uno que promueva y respete la libertad sindical.

Hoy, el gobierno de Michelle Bachelet cuenta con mayoría parlamentaria para emprender reformas en ese sentido, pero al parecer las voluntades no apuntan en dicha dirección. Al revisar su programa de gobierno, sólo encontramos referencias genéricas a la necesidad de aumentar el poder negociador de los trabajadores y la cobertura de la negociación colectiva, pero ninguna de las medidas concretas que posteriormente se señalan conllevan un cambio radical del actual estado de cosas, donde reina el sindicalismo minimalista, negociación colectiva radicada en la empresa y un derecho de huelga reducido a su más mínima expresión.

Y lo que es peor aún, la única medida que de alguna manera apunta hacia el fortalecimiento del poder negociador de los sindicatos –nos referimos a la eliminación del reemplazo en la huelga-, que por lo demás habría sido la moneda de cambio para que la CUT respaldase la propuesta de salario mínimo presentada por el gobiernos, estarían en peligro según se desprende  de propias declaraciones de la Ministra Blanco.

Había que ser muy ingenuo para pensar que el Gobierno promovería una eliminación radical del reemplazo en la huelga. Es una de las joyitas de nuestro particular modelo de relaciones colectivas del trabajo que, en palabras simples, consiste en negar la eficacia de un derecho fundamental ampliamente reconocido a nivel mundial, ya que permite que la empresa mantenga la normalidad productiva mientras sus trabajadores ejercen el “derecho de huelga”. El mejor escenario posible para nuestra clase empresarial.

El gobierno ya no habla de eliminación del reemplazo sino que de: “acotar la prohibición a un tiempo determinado para no afectar procesos productivos”. Y como si no bastara cambiar la eliminación del reemplazo por la fijación de un espacio de tiempo en el cual estará prohibido, además el gobierno anunció que la reubicación de trabajadores de la misma empresa, cuando se trate de funciones esenciales para la actividad productiva, no caerá dentro de esta prohibición temporal. Con esto, hace suya la interpretación restrictiva que ha sido sustentada principalmente por la ex Cuarta Sala de la Corte Suprema y que ha profundizado la ineficacia del derecho de huelga.

Se trata de una reforma que va en la misma dirección de la conocida ley de “multirut” y de la supuesta igualación de la jornada laboral de las trabajadoras de casa particular con el resto de los mortales. Esto es, reformar para no cambiar nada, para quedar en la misma línea de partida sin avanzar hacia la meta. Pero bueno, como diría el Diputado Andrade, se trata de un proyecto sensato para las actuales condiciones del país, y todo aquel que espere un cambio de modelo será acusado de vanguardistas, e iluminados “que creen saber más que los propios trabajadores”.

El Informe Anual de Derechos Humanos 2014 de la Universidad Diego Portales, aborda los incumplimientos que mantiene el Estado chileno en relación con el derecho de huelga, tomando como referencia los estándares internacionales que existen sobre la materia, incumplimientos que son abordados desde 3 dimensiones: legal, institucional y comunicacional.

Sin ser vanguardistas ni iluminados, podemos sostener que el Estado chileno mantiene una gran deuda con sus trabajadores, ya que la principal herramienta para que sus organizaciones constituyan un efectivo contrapoder está fuertemente restringida, limitada y anulada.