La UDI y los abusos

Lo dijo Ernesto Silva, el actual presidente del mencionado partido de extrema derecha: hay organismos gubernamentales que están cometiendo abusos de poder en contra de los eventuales implicados, en el curso de las investigaciones que se están desarrollando en torno al denominado “Pentagate”.

Su comentario, de alguna manera, fue avalado por Evelyn Matthei, la última candidata presidencial de la extremista colectividad, y por otros de sus miembros más destacados. De hecho, el presidente de Libertad y Desarrollo, el think tank de la UDI, aventuró que la diligencia mostrada por los investigadores del caso podría interpretarse como “persecución política” (la encontró excesiva) lo que sería, no faltaba más, un abuso.

Sin perjuicio de que el planteamiento de Larraín es en extremo novedoso ―la excesiva diligencia de los investigadores sería un abuso en contra de los investigados; una idea revolucionaria, ¿no le parece?― los abusos específicos a los que se refirió Silva eran otros: consistirían, en innecesarias visitas, efectuadas por funcionarios de la Fiscalía, al hogar de Andrés Velasco, a las oficinas de una empresa ligada a Laurence Golborne y al estudio de abogados donde se encuentra radicado hoy Jovino Novoa. 

Dejemos claro, antes de seguir, que abusar de alguien significa maltratarlo, o tratarlo de manera indebida, impropia, injusta, excesiva, prepotente, humillante o, incluso, deshonesta, aprovechándose de la mayor experiencia, fuerza o poder de que se dispone.

Desde dicha perspectiva, ¿hay abuso en las mencionadas acciones de la Fiscalía? ¿Tiene razón la UDI al efectuar sus reclamos? ¿Se abusa cuando fiscales y policías concurren a los domicilios de eventuales implicados en un fraude de proporciones gigantescas, a recabar antecedentes para llevar adelante la investigación criminal?

De seguro usted tiene su particular opinión al respecto, estimado lector Sin perjuicio de ella, no obstante, debo recordarle que en materia de abusos, la UDI nos da, a usted, a mí y a la inmensa mayoría de los chilenos, cancha, tiro y lado. Permítame comprobárselo con algunos ejemplos.

Partamos señalando que en Chile, desde 1984, la tributación recae sólo sobre las personas naturales, por lo que las empresas no pagan un peso por los servicios públicos que consumen (el impuesto de primera categoría no es de beneficio fiscal, sino un mero anticipo de los impuestos personales de sus propietarios). Tan aberrante disposición, que nos obliga a todos los chilenos (a usted, a mí, a la señora Juanita y a todo el resto) a financiarles sus consumos de servicios públicos a empresas tales como La Polar, Cencosud, las farmacias y productoras de pollos coludidas, todos los bancos, El Mercurio y las demás empresas periodísticas, Goldex, los laboratorios farmacéuticos, las Isapres, las AFP y, por cierto y dentro de un larguísimo etcétera, todas las que forman parte del grupo Penta (así de infame es el sistemita), constituye, desde luego un abuso de proporciones brutales, que se ha perpetrado por ya más de 4 décadas y que seguirá perpetrándose gracias a la complicidad de nuestra actual presidenta (que lo aprueba plenamente, ya que si no fuese así, lo habría suprimido fácilmente por medio de su penosa reforma tributaria). Le recuerdo, para que vayamos viendo el terreno que pisamos, que los creadores de esta desvergonzada iniquidad son, casi todos, miembros de la UDI.

En directa relación con el punto anterior, está el modelo de desarrollo neoliberal vigente, implementado hace 4 décadas, que sobrevivió a 4 gobiernos concertacionistas consecutivos, y cuyos cimientos pretende desarmar Michelle Bachelet (aunque, por lo visto en estos seis meses, no sabe cómo hacerlo). Este modelo, aparte de situarnos entre los países de peor distribución del ingreso del mundo, ha destruido la salud, la educación, la previsión y la vivienda públicas, ha fomentado el traspaso de las mayores empresas del Estado a manos privadas a vil precio, nos ha hecho dependientes en forma exclusiva de nuestros recursos naturales, y ha creado dos Chiles, separados por un enorme abismo: uno boyante, con un estándar de vida de país desarrollado, y otro agobiado, que se moviliza en el Transantiago, ocupa los restos de la oferta pública de educación y salud, y destina casi todo su sueldo en servir su angustioso endeudamiento. Un país de señores y sirvientes. ¿Y quiénes se atrevieron a implementar en Chile un modelo de desarrollo tan inmoral? ¿Quiénes idearon y pusieron en marcha ese ingente foco de abusos? Adivinó: gente que milita actualmente en la UDI.

Prosigamos con el increíble caso de los sobresueldos que cobran nuestros parlamentarios, quienes aprovecharon el vergonzoso acuerdo que alcanzaron Ricardo Lagos y la UDI para reajustarse su sueldo en un 158 % el mismo año en que el sueldo mínimo se reajustó en un 2,5 % (un porcentaje 63 veces mayor).  Ésa es la razón de que hoy tengan una renta superior a los $ 8 millones mensuales e ingresos totales por sobre los $ 20 millones, mientras el sueldo mínimo apenas se empina sobre los $ 200 mil. Si eso no es un abuso a costa de todos los chilenos, no sé a qué otra acción puede dársele ese nombre. Y, por extraño que parezca, nuevamente la UDI fue protagonista.

Mencionemos el verdadero saqueo al que es sometido el erario público en cada cambio de gobierno por parte de la coalición ganadora, la que se encarga de distribuir a todos sus “apitutados” en la enorme cantidad de cargos públicos, de planta, a contrata o a honorarios) que están a su total disposición. Abuso del cual participó en plenitud la UDI durante el gobierno de Piñera, y respecto del cual, pese a sus actuales reclamos, no hizo esfuerzo alguno por ponerle fin.

Hablemos del atroz abuso que se comete con la gente que llega a la tercera edad en condiciones de desamparo, a la que se le otorga una pensión asistencial de $ 80.000 al mes que, más que pensión, es una limosna. Aquí no fue la UDI la que ideó esta generosa medida (compare la pensión, por favor, con las dietas parlamentarias: estas últimas son más de 100 veces mayores) sino la actual presidenta, pero tengamos claro que, si hubiese sido por ella, tal medida no habría sido implementada (la gente de la tercera edad, a juicio de esa noble colectividad, no debe recibir regalos del Estado, ya que eso la inhibe para procurarse su propio sustento).

¿Le parece que comentemos lo que ocurre con los recursos naturales que, en teoría, deberían pertenecer a todos los chilenos? ¿Qué le parece el regalo de nuestros recursos pesqueros que, por 20 años, se les hizo a 7 familias? ¿Califica como abuso? Fue no hace mucho, y al cuerpo legal que lo respaldó le llamaron “ley Longueira”. Y Longueira, le recuerdo, es de la UDI. Uno de sus fundadores, nada menos.

Ahora, el regalo del cobre y de todo el resto de los minerales a las grandes mineras (primero sin cobrar ni un peso por ellos, y luego, a cambio de un miserable royalty, que más encima se implementó junto con una rebaja tributaria), ¿puede incluirse dentro del concepto de “abuso”? ¿Y qué ocurre con el acaparamiento de los derechos de agua a manos de Endesa? ¿Y con la destrucción del bosque nativo? Por cierto, ¿sabe usted a qué partido pertenecen los precursores de la normativa que respalda este pillaje? Está en lo correcto: forman parte de la UDI.

Desde luego, no olvidemos el origen de todo este escándalo: el financiamiento ilegal de las campañas políticas, tanto porque se efectúan por sobre los límites establecidos (de manera oculta, desde luego) como porque se recurre a medios fraudulentos para sacar el dinero de las empresas y, además, descontarlo de impuestos. Éste es, no cabe duda, un feroz abuso en contra de los accionistas minoritarios, de los candidatos que no recurren a tan infame medio de financiamiento y de todos los chilenos. ¿Y quién es el principal partido favorecido? Lo felicito, otra vez adivinó. Es, precisamente, la UDI.

De manera que cuando la UDI, por medio de su presidente o de su última candidata presidencial, habla de abusos, hay que prestarle mucha atención. Porque ellos deben ser, no le quepa duda, los que más saben  acerca del tema en nuestro país.