Niños maltratados
La clase política debe entender el sentido de urgencia de estas políticas. En palabras simples nuestros niños no pueden seguir esperando, no pueden volver a suceder más tragedias como las ocurridas en el hospital Van Buren o en Coronel. Como sociedad no lo podemos tolerar más y debemos decir “basta” a este tipo de abuso.
Si miramos las noticias del último mes y hacemos un análisis de todos los niños que han sido agredidos la situación es alarmante. Algunos de los casos que hemos conocido son el de una niña de 3 años que murió en Coronel, luego de ser brutalmente agredida por su padre. Luego en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, Mónica Ayala, denunció que una enfermera auxiliar le puso un parche en la boca a su hijo para que dejara de llorar y posteriormente otra madre, Nancy Ramírez, hizo exactamente la misma denuncia contra la misma auxiliar. Para finalizar durante el fin de semana largo un joven de 18 años agredió físicamente a otro de 12 años mientras pedía dulces en la noche de Halloween, dejándolo con graves lesiones físicas.
Estos casos solamente representan la punta del iceberg, la realidad de nuestro país resulta alarmante. Según estudios de la Unicef en Chile tres de cada cuatro niños son maltratados y un 26% de ellos es objeto de violencia física grave proveniente de diferentes actores sociales, no solo de sus padres. Estos índices nos ubican dentro de las naciones con más maltrato hacia sus niños de Latinoamérica, lo que nos aleja bastante del tan anhelado desarrollo.
El maltrato es la principal vulneración de derecho que afecta a los niños, niñas y adolescentes, afectando transversalmente a todos los sectores sociales de manera similar.
Muchos pueden decir que ésta es una problemática social, y están en lo cierto, pero también hay que agregar que es un problemática de Estado. Precisamente nos seguimos enfrentando a los terribles casos que describí anteriormente porque no ha habido políticas públicas claras y persistentes en el tiempo que ataquen este problema de raíz.
La clase política debe entender el sentido de urgencia de estas políticas. En palabras simples nuestros niños no pueden seguir esperando, no pueden volver a suceder más tragedias como las ocurridas en el hospital Van Buren o en Coronel. Como sociedad no lo podemos tolerar más y debemos decir “basta” a este tipo de abuso.
Los especialistas señalan que la violencia hacia los niños es una conducta evitable y modificable. Se han realizado numerosas iniciativas que han permitido demostrar que es posible educar a los niños y niñas y relacionarse con ellos sin necesidad de usar la violencia, por eso la relevancia de políticas públicas sólidas, consistentes y duraderas en el tiempo.
Por todo lo anterior, junto a las políticas públicas que se pueden implementar, es urgente que se promulgue una ley integral de primera infancia que vele por el niño en un sentido amplio.
Sin duda, una política pública de infancia y adolescencia debiese focalizar sus recursos, siempre escasos, en aquellos niños, niñas y adolescentes que son vulnerados en sus derechos o amenazados en su integridad física o moral. Sin embargo, ello no excluye que la sociedad en su conjunto, incluido por supuesto el estado, deba tener una mirada integral sobre la infancia y la adolescencia en nuestro país.
Y esa mirada no sólo incluye detenerse en las reformas a la institucionalidad, que ha sido el centro del debate los últimos 25 años, sino que implica también discutir el marco normativo de protección integral de la infancia e incluso ir más allá, hacia la elaboración de una mirada que signifique un compromiso fundamental con ellos en todos los ámbitos que los afectan, migrando desde una aproximación simplemente tutelar hacia una que reconoce espacios de libertad, derechos y responsabilidades para nuestros niños, niñas y adolescentes. Protección, educación, salud, adopción, espacios de desarrollo como el deporte y la cultura, justicia, no discriminación, trabajo y fortalecimiento del ámbito familiar son algunos de los aspectos en que se debiese trabajar.