Nuestros niños, niñas y adolescentes no pueden esperar

Construir una sociedad libre y justa es imposible si no aseguramos a nuestros niños, niñas y adolescentes (NNyA), la igual disposición de aquellas condiciones y herramientas necesarias para desarrollar sus potencialidades. En Chile, la evidencia muestra que al momento de nacer los talentos están equitativamente distribuidos entre la población. Sin embargo, sólo 10 años después, las brechas entre los niños que nacieron en sectores acomodados de la población y aquellos que no tuvieron esa suerte, son prácticamente irremontables.

En Evolución Política tenemos la firme convicción de que la atención y educación de la infancia y adolescencia es un objeto prioritario, al que deben destinarse gran parte de los esfuerzos, tiempo y recursos de nuestra sociedad. Desde la entrada en vigencia en Chile de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (13/08/1990), hemos avanzado en una serie de normas orientadas al cumplimiento progresivo de las obligaciones emanadas de esta norma internacional (i.e. eliminación de la discriminación entre hijos legítimos e ilegítimos; nuevas normas de adopción; creación de los tribunales de familia; establecimiento de un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil; ampliación de la gratuidad de la enseñanza media; creación de la jornada escolar completa; Sistema de Protección Integral de la Infancia Chile Crece Contigo, y la extensión del Permiso Postnatal Parental). Sin perjuicio de ello, aún adolecemos de un marco normativo coherente y sistemático: un sistema de protección global de la infancia.

Es necesario avanzar más allá de la discusión que nos ha convocado los últimos 20 años, respecto de la división del actual SENAME en otros dos nuevos servicios. Restringir el debate a uno de alcance meramente administrativo-institucional, nos hace correr el riesgo de quedarnos en las formas, perdiendo la oportunidad de mirar como sociedad un tema que sin duda supera esa dimensión.

El compromiso fundamental con nuestros niños, en todos los ámbitos que los afectan, requiere migrar desde una aproximación simplemente tutelar hacia una que reconoce espacios de libertad, derechos y responsabilidades para los NNyA (Protección, educación, salud, adopción, espacios de desarrollo (deporte, cultura), justicia, no discriminación, trabajo, fortalecimiento del ámbito familiar). Una aproximación que, estamos convencidos, debe orientarse a la búsqueda de mayores grados de libertad individual, al resguardo de efectivas condiciones que aseguren igualdad de oportunidades, y que reconozca la urgencia de elevar los niveles de justicia social. Una mirada que cree firmemente en que el empoderamiento de la sociedad civil no excluye a un Estado que interviene a efectos de fijar y asegurar ciertas reglas del juego mínimas y exigibles a todos por igual.

Nuestros niños, niñas y adolescentes nos importan hoy. Es verdad que son el futuro de nuestro país y que eso ha motivado normalmente el debate en torno a ellos, pero es aquí y ahora donde se encuentran con las desiguales reglas del juego, y cuando aquellos que tienen menos oportunidades (en todos los sentidos) sufren las consecuencias. Urge así, promover una política integral de infancia y adolescencia, capaz de permear transversalmente todos los demás ámbitos de política pública., cuyo objetivo no sea otro que hacernos cargo de combatir las injusticias que se derivan de la falta de igualdad de oportunidades, construyendo un país donde nuestros niños puedan forjar libre y responsablemente sus vidas, sin que importe ni por un instante el lugar donde tuvieron el azar de nacer.