Institución universitaria

Al igual que en los últimos años, la discusión acerca de educación superior ha estado muy presente en la agenda pública, especialmente asociada a la aprobación de los nuevos proyectos de ley, del sistema de acreditación de calidad y a las fragilidades académicas, de gobierno, de gestión y financieras de algunas universidades.

Es evidente que el problema de fondo está mal diagnosticado. Es un error creer que las dificultades tienen que ver únicamente con asignación de recursos, mecanismos de gestión, infraestructura legislativa o mayor información disponible.

Por cierto que todo ello es importante, pero la reflexión de fondo no tiene que ver, únicamente, con la “organización” universitaria: lo relevante es discutir en relación a la “institución” universitaria. No hacer esta distinción provoca un conjunto de dificultades, que impiden ir al fondo de la discusión.

El desafío radica entonces en pasar de una discusión únicamente técnica a una mucho más política, dos dimensiones que tienen densidades argumentativas distintas.

Un ejemplo muy claro es la negociación del presupuesto y asignación de recursos para universidades.  Hasta ahora ha funcionado con un criterio temporal. Sólo tienen acceso preferente a recursos del estado aquellas universidades que fueron creadas antes de 1981. Dado que este único criterio resulta impresentable, se ha tratado de asociar a las universidades que forman parte del CRUCH a instituciones que producen bienes públicos, y por eso deben tener ese trato preferente. La confusión ha estado en asociar bien público al estatal.

La pregunta de fondo no debe ser cuántos recursos necesita, debe ser ¿cuál es su contribución que aporta al país?, ¿por qué vale la pena que este proyecto universitario exista? En esto se refleja la radical diferencia que existe entre discutir en clave organizacional a discutir en clave institucional.

Las universidades deben hacerse preguntas de fondo acerca de cuál es su aporte al país. No basta con afirmar que producen conocimiento. Desde hace ya varias décadas sabemos que el conocimiento se produce en todas partes, no sólo en los laboratorios y bibliotecas universitarias. El conocimiento se produce en las salas de clase, en los servicios públicos, en las distintas industrias,  en la casa, a lo largo de la vida.

Si esto es así, lo realmente público de una universidad será hacer las preguntas que nadie está haciendo, abordar los problemas que no están siendo debidamente tratados, construir nuevos conceptos que den sentido a lo que la sociedad vive, ayudar a mirar los problemas desde otras perspectivas, diseñar soluciones innovadoras, contribuir a la felicidad del hombre, a la construcción de una sociedad más justa y sustentable.

Las patentes, artículos ISI y formación de profesionales, los recursos, las normativas de regulación, los dispositivos de gestión y los sistemas de gobierno son medios para un fin, y ese fin es el que las universidades han perdido de vista o no han sabido formular y comunicar adecuadamente.