Democracia saludable

Tras la interpelación al Ministro de Educación, se ha generado un necesario debate sobre la necesidad de modificar la forma cómo se ejercen las acciones fiscalizadoras de la Cámara de Diputados.

Es un tema recurrente. La mala imagen del parlamento es evidente en todas las encuestas. Y convengamos que lo ocurrido la semana pasada no contribuye a que la gente cambie de opinión.

En 2003, y tras el mayor escándalo de corrupción que ha enfrentado la Concertación, se hicieron una serie de modificaciones al reglamento de la Cámara, las que permitieron a la oposición de ese entonces ejercer con mayor libertad la fiscalización, en vista de que se rebajaron los quórum para conformar comisiones investigadoras, sesiones especiales, e interpelaciones, entre otros cambios.

Desde que el Congreso volvió a funcionar en 1990, se han sucedido una serie de Comisiones Investigadoras, muchas de ellas emblemáticas. En lo particular, me ha tocado participar de varias, como la que indagó el error en la identificación de restos en el patio 29, y una sobre la implementación del Transantiago, por citar sólo algunas de relevancia nacional.

Mi experiencia fue crucial a la hora de decidir presentar un proyecto que obliga a las autoridades a decir la verdad en el Congreso. De hecho, la escena de la diputada interpeladora preguntando A, y del ministro respondiendo Z, es una constante en las comisiones investigadoras.

Eso, cuando vienen. Porque lamentablemente, para una autoridad si bien es obligatorio concurrir a una comisión investigadora, no existe sanción en caso de que no lo hagan. Esto debería cambiar, y permitir excusarse sólo una vez, por impedimento grave.

Además, debería extenderse la obligatoriedad a todas las ex autoridades, ya que por lo general, cuando se abre una investigación de este tipo, es porque hubo cambio de autoridades.

Otro punto fundamental es que, más allá de la contingencia y el tema de moda, sean sobre temas que realmente se puedan investigar. No tenemos atribuciones para indagar en todos lados, -de partida, no tenemos atribuciones sobre empresas, pese a lo cual la Comisión investigadora sobre el accidente en la Mina San José se constituyó y evacuó informe-. Es lamentable ver cómo ni siquiera los parlamentarios respetan el espíritu de la ley.

Además, muchas veces los anuncios se hacen con bombos y platillos, generando expectativas en la ciudadanía que difícilmente podrán cumplirse. El caso de las Comisiones investigadoras sobre Penta es paradigmático en este sentido.

Otra herramienta de fiscalización son los oficios, por medio de los cuales los parlamentarios pedimos información a los distintos organismos públicos sobre su funcionamiento o la implementación de determinadas políticas públicas. Al parecer, la autoridad no se toma muy en serio la importancia o urgencia, y simplemente no contestan. Debería existir un plazo máximo de respuesta, y de no hacerlo, la persona debe ser sancionada.

Una situación similar ocurre con la Sesiones Especiales, donde se termina votando un “Proyecto de Resolución” cuyo único destino es el archivo. Este debería ser respondido por la autoridad, señalando si lo que la Cámara solicita podrá o no realizarse.

Respecto de las interpelaciones, bastante se ha dicho. Y en resumen, claramente, así como está planteadas hoy, no funcionan.  A lo menos, debiera existir una obligación al Ministro de responder lo que se le está consultado, y el Presidente de la Cámara podría ejercer como juez y obligar a que se conteste la pregunta.

La gracia de los sistemas es que evolucionan. En nuestra manos está hacer que estos cambios sean para mejor. Los parlamentarios debemos hacernos cargo de los cuestionamientos que nos hace la gente. Por lo mismo, en Amplitud estamos preparando una propuesta para que, independiente del Gobierno de turno, la oposición pueda hacer su trabajo. Eso es una democracia saludable.