La Presidenta vs la gente: ¿Quién no entiende a quién?
El gobierno insiste en negarse a aceptar la realidad. No es la gente la que no ha entendido las reformas, es el gobierno el que no está entendiendo a la gente. No es que el gobierno haya comunicado mal, es que mientras más ha explicado las reformas, menos apoyo tiene.
Mariana Aylwin es Profesora de origen, política por vocación y a mucha honra. Directora Corporación Educacional Aprender.
La gente entendió bien las ideas de cambio del programa de Michelle Bachelet. Entendió que disminuirían las grandes brechas; que los más ricos pagarían más impuestos y que lo que se recaudaría iría a mejorar la educación; que se acabaría con los abusos; que las reformas aliviarían la pesada mochila de cobros por la educación de sus hijos; que la educación dejaría de ser un bien de consumo para ser un derecho social; que se fortalecería la educación pública y que, además, la educación sería de calidad. La gente votó por una Presidenta que le daba confianza y por unas propuestas que le hacían sentido .
El problema es que, en el diseño de las reformas, las cosas se enredaron. No por la natural incertidumbre o las resistencias que generan los cambios, ni por efectos de siniestras campañas del terror, como tratan de convencerse desde parte del oficialismo, sino porque los dos principales proyectos discutidos en estos ocho meses de gobierno, no conducen a cumplir las promesas comprometidas y anheladas por los que votó la ciudadanía.
En el caso de la reforma tributaria, no solo los más ricos pagarán más impuestos sino también la clase media. Al parecer no se recaudará los previsto (8 mil millones de dólares) porque las expectativas de crecimiento han ido a la baja; las empresas extranjeras quedaron con mayores beneficios que las nacionales; los incentivos al ahorro disminuyeron significativamente y el sistema tributario, en vez de simplificarse, quedó más engorroso. De paso, el Ministro de Hacienda quedó herido en el ala y la confianza deteriorada.
En el caso de la reforma del sistema escolar, concluiremos el primer año de gobierno con un sector privado mal tratado y tensionado. La reforma del fin al copago, selección y lucro , tal como llegó al Senado, representa una amenaza para la subsistencia de muchos colegios, aunque el Ministerio no lo quiera aceptar. Tal como está, puede terminar restringiendo la libertad de elegir de los padres, aunque quien lo plantee sea descalificado. Tampoco parecen ser las reformas necesarias para mejorar efectivamente en inclusión y calidad.
Por su parte, la gran promesa de mejorar la educación pública ha quedado postergada. La agenda corta es irrelevante, el sector municipal está paralizado en una espera incierta, al mismo tiempo que los profesores- ausentes del debate educativo hasta el momento- demuestran cada vez mayor frustración.
El debate ha sido áspero y maniqueo. O estás con la educación como un derecho y por lo tanto con la reforma como está, o estás defendiendo el negocio en la educación. Los padres saben que las cosas son más complejas. Los actores del sistema escolar son muchos. Por eso, la ciudadanía ha terminado quitándole apoyo a la reforma educacional y, de paso, a la Presidenta y su gobierno.
La gente votó por cambios, en un momento favorable para emprender reformas profundas. Pero la gente quiere cambios bien hechos. Advierte las improvisaciones, los diagnósticos equivocados. La mayoría quiere diálogo, no imposición. Quiere un Estado capaz de garantizar sus derechos y darle protección frente a los abusos, pero no quiere que proveedores públicos reemplacen a los privados, ni que decidan por ella. La gente valora su esfuerzo personal, aspira a que las políticas públicas la apoyen, pero que no que le restrinjan su autonomía.
El gobierno tiende a justificarse con el argumento de que los beneficios se verán más adelante y que éstos son los costos de las grandes transformaciones. Nada más equivocado que la creencia de que éste es el momento de “echarle para adelante” y que la carga se arreglará en el camino, aunque haya que pagar por ello el precio de la impopularidad. La pérdida tan rápida de apoyo político termina mermando la legitimidad en el ejercicio del poder. No escuchar lo que las encuestas están revelando, puede costar caro y, ni por un asomo, debiéramos acercarnos a la opción de avanzar sin transar. Al contrario, el gobierno y la Presidenta tienen hoy una oportunidad para entender lo que está sucediendo y corregir el diagnóstico sobre el cual está trabajando.
