“No importaron los lazos”: Sistema de protección-adopción en Chile

El programa Informe Especial del pasado lunes 8 de diciembre dejó dos preguntas a la sociedad toda: “¿Estamos discriminando a las familias más pobres con estas prácticas? O, peor aún ¿están nuestras instituciones cumpliendo con el mandato que los ciudadanos les hemos encomendado de cuidar a nuestros niños?”

Lo que ha quedado en evidencia es que al separar y al “inhabilitar” a las familias el Estado aparece omnipotente en su violencia, asociado a un lugar de experto de la que carece argumento. Ha quedado claro que muchos niños y niñas son separados de sus familias e internados en instituciones del -o más precisamente supervisadas y de responsabilidad- del Estado (residencias o familias de acogida) mediante mecanismos técnicos, teóricos y jurídicos más que cuestionables. El concepto de la Inhabilidad Parental, ha sido (ab)usado junto a negligencia en el 48% de las medidas de protección (medida judicial que determina la separación del niño/a de su familia) y en el 83% de las demandas de susceptibilidad de adopción (que lo desafilian y alejan definitivamente de sus familias de origen). ¿Qué es la Inhabilidad Parental? Buena pregunta para todos y cada uno/a de los profesionales encargados de definirla y aplicarla. “Bolsillo de payaso” fue el concepto que asoció el Dip. R. Saffirio, concepto donde “cabe todo”, y que no hace otra cosa que llevar a los padres y las familias a la desesperación, al confrontarlas con el violento Estado sentado en la contraparte.

En el reportaje se preguntaban “¿El Estado cumple con hacer todo lo posible para que se resguarde el derecho (de todo niño y niña) a vivir con su familia de origen?” Pues no. Se intenta interpelar al derecho a vivir en Familia, no en SU familia y así hace posible que la familia sea substituible. Intenta digo ya que de igual modo los niños y niñas pasan años privados de libertad en las residencias. La adopción en Chile no es la última ratio, no es la última medida. A las familias se las evalúa, no se las convoca a trabajar con ellas. Los equipos técnicos de las residencias, de los programas de familias de acogida, de las Oficinas de Protección de Derechos (OPD), no trabajan con las familias, sino que si se esmeran en buscarlas, las encuentran para evaluarlas. Cuando digo que el trabajo con familia alcanza al 0,22% (2013) del total de niños y niñas separados de sus familias, es porque es este el único programa de SENAME con el objetivo de trabajar con la familia. Entonces, ¿es posible pensar el generoso acto de amor de la adopción sin el consentimiento de las familias? Se derriba el mito del niño o niña abandonado en las instituciones, huérfano o, en el mejor de los casos, cedidos voluntariamente en adopción. Lo he dicho antes, todo quien quiera adoptar primero debe preguntarse por qué este niño o niña ha podido llegar a ser mi hijo/a.

No se trata solo de discriminación por pobreza, sino que estamos frente a una criminalización y patologización de ésta. Es la clase más pobre el lugar fecundo para la intromisión violenta y sesgada de quienes ostentan y hacen uso de un lugar de poder, parte del engranaje institucional que históricamente -desde 1979- se ha hecho cargo de la niñez en nuestro país. El Estado y sus servicios amparados en un discurso de “derechos” , no han sabido efectivizarlos en la práctica; por el contrario, los niños y niñas son tratados como objetos y como mercancía.

Ante esto me detengo, ya que un antecedente importante es que las principales instituciones convocadas y encargadas de evaluar las “habilidades parentelas” son las organizaciones colaboradoras de SENAME que tienen por objetivo -y meta- la adopción. Serio y evidente conflicto de interés. Ya que así como debo tener colmados los cupos de una residencia para recibir la subvención de SENAME, las unidades de Adopción y las instituciones encargadas de este proceder, así como en todo nuestro neoliberal sistema, funciona por meta; ergo niño o niña declarada susceptible de ser adoptado es igual a meta cumplida. Por otra parte: cabe destacar que el año 2012 el 85% de los niños y niñas adoptados son menores de tres años. Esto implica, que la mayoría de ellos ha desarrollado un precario lenguaje verbal. No pueden, como si lo hacía lúcidamente la hija de Vanesa en la grabación mostrada en el programa, decir lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren. No tienen como recordar, como explicarse de dónde vienen y por qué no están donde les ha tocado nacer.

No cuentan con la lucidez y claridad de la hija de Vanesa que en el programa mostraba la intensión y capacidad de defenderse, no solo a ella, sino que a toda su familia. En todo este sistema no existe a la fecha un trabajo de “reparación” con los niños y niñas que les permita comprender y menos preservar su historia, su memoria. ¿Quién le pone palabras a lo que está ocurriendo? El derecho a la Identidad está invisibilizado y derechamente vulnerado toda vez que un niño o niña es desgarrado de sus vínculos para ser entregado en adopción, como lo mostraba la historia de la hija de Macarena Nahuelhuen y la Sra. Elcira Guaquin que genuina y desinteresadamente supo lo que implica ser una familia de acogida: cuidar transitoriamente a una niña mientras su madre vuelve a responsabilizarse; la que sin embargo dolorosa e inexplicablemente debió ver partir, mientras la niña creía que iba “un rato a jugar”. ¿Quién se hace cargo de ese daño?

Por esto objetos, niños y niñas sin memoria, sin historia. ¿Por qué? porque detrás de ella se encuentra toda cadena de responsabilidades de la que nadie quiere hacerse cargo. Por esto mismo es posible explicarnos que hoy la energía esté puesta obedientemente en cumplir con la orden de la Naciones Unidas de desinstitucionalizar a todo niño o niña menor de tres años apurando una reforma a la Ley de Adopción, que por lo demás sólo empeora las cosas, ya que no solo mantiene la Inhabilidad Parental como posibilidad, sino que la potencia. ¿Cómo se trabajará y financiará -con más de 15.000 pesos al mes por supuesto- a las familias de acogida que han de hacerse cargo de cuidar a un niño o niña y proteger sus derechos? Esto implica nociones como transitoriedad y la consecuente vinculación con la familia de origen. Esto implica no solo erradicar el desarraigo a la que se expone a estos niños y niñas de sus familias, sino que también acompañarlas. La voluntad política puesta en este tipo medidas sin primerísimo derogar la Ley de Menores del año 1967 es nociva. Se debiese comenzar a cumplir con lo mínimo: una Ley de Protección Integral de Derechos que permita al menos, que el Interés Superior de Ana, Diego, Carlos, etc prime y se respete. No es el Interés Superior DEL Niño, es de cada uno de ellos. No es LA familia, sino que SU familia.

Despedir al abogado de la OPD no basta: no recae -solo- en la responsabilidad y ética de todos y cada uno de los profesionales y técnicos que hemos trabajado en este sistema, sino que de repensar y replantearnos como sociedad qué entendemos por niñez; se trata de responsabilizarnos como sociedad por el otro. Más si hablamos de niños, niñas y jóvenes.

No dejemos de hablar de esto de reflexionar, de tenerlo presente. No dejemos nuevamente que quede como un reportaje de 50 minutos en la TV que penará en el presente y el futuro. Si ni reconocemos ni nos hacemos cargo del daño provocado ¿cómo hacer algo distinto? Quedaríamos, una vez mas, condenados a la repetición de dejar a la niñez caer en el olvido.