La Contraloría dijo basta

En esta columna de opinión (link) dábamos cuenta de una situación bastante impúdica en el ámbito de la aplicación de las leyes, reglamentos y normas del sector Vivienda y Urbanismo, ello porque los funcionarios de la Administración del Estado no se atrevían a ejercer sus atribuciones. Nos referíamos a la construcción en un sector residencial de calles angostas de la otrora ciudad jardín del  voluminoso mall Marina Arauco 2, cuyos propietarios Ripley, Parque Arauco y Cencosud, con la complicidad de aquellos que se resistían a fiscalizar, se acogían a las normas de edificación sustantivamente más permisivas de hace 14 años en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Viña del Mar.

Todos aquellos relacionados con la materia sabíamos de antemano que el permiso de edificación cursado por el Director de Obras el 29 de junio del año 2000 había caducado automáticamente a los 3 años de su emisión porque no se habían cumplido las exigencias contempladas en el artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), pero el titular del proyecto seguía campante con las faenas de construcción, a pesar de que en algún momento de súbita buena práctica pública, hace unos pocos meses atrás, el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región impartió una resolución de paralización de obras requiriendo al privado que el proyecto se sometiera a las normas de edificación actualmente vigentes.

Pero el correcto proceder de ese Seremi duró muy poco, ya que a través de una funcionaria de menor rango, se borró con el codo lo que se había firmado con la mano para regocijo pleno de la Inmobiliaria Mall Viña del Mar S.A. Respecto a esta inicua voltereta, tenemos la impresión que hubo presiones de alto nivel, posiblemente con el frívolo argumento de que siendo las leyes solo indicativas, los gobiernos tienen que darle facilidades al sector privado para que produzca el máximo posible, creando así empleo, con lo cual el PGB se incrementa y se reduce la cesantía.

Como los vecinos estaban indignados con la zigzagueante actuación de tal Seremi, se vieron en la obligación de denunciar los hechos en la sede regional porteña de la Contraloría General de la República, instancia que trasladó todos los antecedentes a la sede central para que así el contralor Ramiro Mendoza ejerciera sus potestades que le entrega la Ley Nº 10.336 Orgánica Constitucional de la misma.

En el ínterin, exactamente el 20 de octubre de 2014, la fundación Defendamos la Ciudad, presentó un reclamo ante el díscolo Seremi describiendo el desarrollo de los hechos, ello con el propósito de que el destinatario hiciera valer el marco regulatorio. A esta fecha y a pesar de que los funcionarios públicos tienen la obligación de pronunciarse cuando son requeridos, no se conoce su respuesta.

Pero el 11 de diciembre de 2014, es decir recién, la Contraloría General se pronunció con apego estricto a la ley, dejando de manifiesto que las habilidosas interpretaciones formuladas por los agentes públicos porteños para que no caducara ese antiguo permiso eran inútiles. En el dictamen Nº 95979 de la fecha indicada se dejó mal parado al anterior Seremi, hoy flamante alta autoridad en la Municipalidad de Viña del Mar y resaltamos que para resolver el ente fiscalizador escuchó tanto al privado como a los agentes públicos sectoriales.

Ahora la Contraloría Regional de Valparaíso iniciará la instrucción de un procedimiento disciplinario para investigar las situaciones observadas en lo concerniente a la caducidad del añoso permiso, ello con el objeto de determinar las responsabilidades de aquellos funcionarios involucrados.

Hay que tener en claro que los dictámenes de la Contraloría revisten fuerza obligatoria para los órganos de la Administración, de modo que su eventual falta de aplicación, es decir desobediencia, por parte del Seremi actual y/o del Director de Obras Municipales en ejercicio, significaría una grave transgresión del artículo 9º de la Ley Nº 10.336 ya mencionada. Estamos seguros que lo anterior no sucederá, pero por pudor profesional, todos los funcionarios que han intervenido en esta comedia de equivocaciones debieran renunciar indeclinablemente a sus cargos. 

En resumen, como el permiso de edificación del año 2000 caducó por imperio de la ley, la inmobiliaria está en su  derecho de recurrir en contra de la Contraloría en los tribunales de justicia y ahí se verán las caras los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que representan al Contralor, y los abogados santiaguinos de los grupos económicos que quisieron  pasarse de listos. No tenemos ninguna duda que el derecho a pataleo de la inmobiliaria será en vano pues la instancia judicial confirmará el contundente dictamen de la Contraloría.