La hora del accountability
Basta pensar en el demoledor impacto que el caso Penta está teniendo sobre la imagen de marca de ese holding así como sobre la UDI, para entender que la probabilidad de que estos mismos chanchullos se repitan en el futuro, ya sea entre otra empresa u otro partido, tienden a cero.
Se acabó la fiesta. Ya no hay más fe ciega. O, al menos, permítannos creerlo por un rato. El caso Penta-UDI es un interesante ejemplo de accountability, palabra anglosajona que cada vez se escucha más por estos lados.
Se puede traducir como “rendición de cuentas”, pero va más allá. “Es la responsabilidad de responder por un desempeño particular ante las expectativas de distintas audiencias, partes interesadas”, dice el profesor del Harvard Business School, Alnoor Ebrahim.
Otra forma de entenderlo, según Simon Zadek, uno de los más reconocidos expertos en temas de sostenibilidad a nivel global, sería “el proceso de lograr que sean responsables quienes tienen poder sobre las vidas de la gente, una voz o canal de expresión de la gente sobre temas que repercuten en sus propias vidas”.
O si prefiere, “la rendición de cuentas es una parte esencial del proceso de democratización, del proceso de crear frenos y contrapesos que aseguren que el menos privilegiado y con menos poder puede retar y reconfigurar las dinámicas del poder social”, detalla David Bonbright, peso pesado del emprendimiento social.
En un muy buen documento que se encuentra en el sitio web de la Biblioteca del Congreso, sí, de nuestro Congreso, y con la idea de contextualizar el concepto anglosajón que titula esta columna, explican que tanto en lo público como en lo privado ha surgido la necesidad de transparentar acciones y decisiones, de dar cuenta a la sociedad de políticas de administración, gobierno y funciones; de informar y ser transparentes.
En tiempos de internet, de Snowden, de leyes de transparencia, de delación compensada, de hackers ultra eficientes y de personajes como Hugo Bravo – ex mano derecha de los dueños de Penta- se hace cada vez más difícil, más riesgoso y más caro meter la mugre debajo de la alfombra. Ya sea en la empresa privada, en el gobierno, entre parlamentarios y lobbistas, en las ONG´s (y hasta en el matrimonio), la prueba de la blancura empieza a ser un requisito no sólo más importante sino que algo que será chequeado y verificado constantemente.
Basta pensar en el demoledor impacto que el caso Penta está teniendo sobre la imagen de marca de ese holding así como sobre la UDI, para entender que la probabilidad de que estos mismos chanchullos se repitan en el futuro, ya sea entre otra empresa u otro partido, tienden a cero. El pueblo quiere fiscalización. Es un antiinflamatorio que si bien no cura la desigualdad, la hace un poco más soportable.
Por lo bajo, exigimos un cierto nivel de decencia para quienes son amigos de lo ajeno, sobre todo cuando lo ajeno son nuestros impuestos, nuestras cotizaciones, nuestros ahorros públicos o nuestros parlamentarios.
Pero lo que hemos visto el 2014 y el principio de este 2015, es decir, el caso Cascadas-Larraín Vial que nos afectó patrimonialmente a más de la mitad de los chilenos, la compra de ADR´s con información privilegiada por parte de Juan Bilbao que hoy lo tiene demandado por la SEC de Estados Unidos, así como esta relación casi simbiótica entre una empresa (Penta) y un partido político (UDI) que además implica denuncias del SII, hablan mucho más de una era de impunidad, de un tiempo en que el poder podía pintarnos la cara sin inmutarse, de una etapa que, por favor así sea, podría estar empezando a extinguirse.
Es hora de que el accountabilty empiece a teñir nuestras instituciones, nuestra cultura, nuestros liderazgos y de que los ciudadanos nos capacitemos para exigir cuentas claras. Es la única forma de acercarnos a ese tan anhelado y esquivo pacto social.
