Caso PENTA: El dilema de los políticos imputados
Desde el punto de vista del debate público, la sospecha o la duda son devastadoras para su prestigio y aprecio públicos. La existencia de imputaciones graves y sin respuestas claras pueden incluso destruir sus expectativas políticas para el futuro.
Cristián Riego Ramírez es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Magíster en Derecho de la LLM Universidad de Wisconsin-Madison, EE.UU. Es Profesor Titular de Derecho de la Universidad Diego Portales. Fue director del equipo técnico encargado de la elaboración del proyecto de Código Procesal Penal y de la Ley Orgánica del Ministerio Público de Chile. Estuvo vinculado intensamente en el proceso de tramitación legislativa, en la capacitación de los actores, y en el proceso de implementación y evaluación de la reforma a la justicia penal chilena.
En un caso que como el de PENTA es al mismo tiempo un proceso penal y un escándalo político, surge para los involucrados un difícil dilema. Desde el punto de vista de su condición de imputados, les puede convenir guardar silencio o dar explicaciones muy generales, esperar conocer el conjunto de los antecedentes acumulados en su contra antes de defenderse y aún después de conocerlos puede convenirles no dar explicaciones detalladas de sus actuaciones, en la expectativa de que la prueba acumulada por los fiscales sea débil o insuficiente.
El problema es que, en cuanto figuras públicas que tienen o aspiran a altas responsabilidades políticas, su deber es el de dar cuenta detallada de su actuaciones en materias del máximo interés público como las vinculadas al financiamiento de las campañas. Los ciudadanos tenemos el derecho a demandar que estas autoridades acudan a dar explicaciones ante la prensa y se sometan a las preguntas de los periodistas. Desde el punto de vista del debate público, la sospecha o la duda son devastadoras para su prestigio y aprecio públicos. La existencia de imputaciones graves y sin respuestas claras pueden incluso destruir sus expectativas políticas para el futuro.
El problema está en que ambas líneas de comportamiento suponen graves costos respecto de la otra. Comportarse como imputados siguiendo los consejos de sus abogados, mantienen al/ los involucrados como sospechosos y ello basta para deteriorar su imagen. Salir a dar explicaciones tiene la desventaja de adelantar y eventualmente deteriorar defensas que serán necesarias en el proceso penal. Esas explicaciones serán doblemente chequeadas, por la prensa y por los investigadores criminales.
Algunos han pretendido resolver este dilema invocando la presunción de inocencia en el debate público. Eso no tiene ningún sentido, la idea de que los ciudadanos debamos suspender todo juicio a la espera del resultado de procesos penales que serán largos y complejos no solo es irrealista, es también absurda desde el punto de vista de los valores del sistema político democrático donde el principio fundamental es el de la rendición de cuentas por parte de los dirigentes. No tienen otra posibilidad que hacer opciones estratégicas pagando costos en un ámbito o en el otro. Malo para ellos pero bueno para nuestro sistema institucional.
