Dominga, la mina de Penta

La relación entre políticos y grupos económicos está muy cerca de los problemas ambientales del país, y evidencian parte de la tensión institucional que vive el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a propósito de la cantidad y calidad de los actores involucrados. Como ya he comentado en columnas anteriores, dentro de la institucionalidad operan contrapesos políticos y técnicos que debieran tender hacia soluciones que sean más legítimas para los ciudadanos, para eso se creó un procedimiento complejo, en el que muchos servicios y ministerios dan sus opiniones y observaciones en relación a los proyectos. Es así como las comunidades, los técnicos, los políticos, representantes de la sociedad civil y los grupos económicos comparten y se enfrentan en el SEIA, en una relación que es delicada y de gran relevancia.

En lo que se refiere a la participación de los políticos en los temas ambientales, esta debiera ser una cuestión positiva para la ciudadanía, pues precisamente, su rol es representar el interés general de la nación. Ello no implica que siempre sean favorables al medio ambiente, porque deben balancear este interés con otros, pero sí significa, al menos, que el equilibrio se logre con miras al bien común y al interés público. Lamentablemente, esto que suena tan bonito en la teoría, muchas veces se ve manchado por las cosas que suceden en el mundo real y con ello se ven afectadas las instituciones fundamentales que permiten la vida pacífica en comunidad.

Hoy, el caso es complejo por la relación entre Penta y el ex subsecretario de minería Pablo Wagner, esto a propósito de la tramitación de la Mina Dominga, en el sector de la Higuera (cercano a Punta de Choros), en la cuarta región. De acuerdo a lo que se ha sabido de la investigación en contra de la ex autoridad, este habría recibido dineros por parte de los controladores del grupo Penta (uno de los cuales es a su vez dueño mayoritario de la Mina Dominga) mientras ejercía como subsecretario. Aunque no se ha acreditado que esos dineros tengan que ver directamente con la mina, si se han conocido los correo en que el funcionario se contacta con los personeros del proyecto para tratar sobre el avance del mismo.

¿Es grave el asunto? Sí, y de nuevo sí. El primer asunto grave es el daño institucional. El SEIA ya está suficientemente golpeado como para tener la capacidad de absorber una estocada como esta. Ya no solo estamos hablando de proyectos que tienen impactos ambientales intolerables para la ciudadanía o de la falta de legitimidad de los mismos por una mala participación ciudadana o insuficientes medidas de mitigación, sino, derechamente de la posibilidad de que los operadores del sistema estén capturados por el interés de un privado en desmedro del interés público.

El segundo asunto grave es respecto del proyecto. Para empezar, es un proyecto con altísimos impactos ambientales, difícilmente conciliable con la garantía constitucional del derecho a un medio ambiente sano. Entre otros impactos, el proyecto considera la construcción de un puerto en punta de choros con el consiguiente traslado de minerales desde la mina hasta ese puerto y desde el puerto por mar, además de una grave afectación de las aguas subterráneas del sector y con ello en la biodiversidad, por nombrar los más llamativos.

Como es entendible, ante la magnitud de los impactos ambientales proyectados, la legitimidad del procedimiento es clave. Que la evaluación sea llevada de buena fe, de manera abierta a los ciudadanos que habitan el sector y que se consideren las medidas necesarias para no afectar sus vidas ni el medio ambiente, es la única forma en que un proyecto de esa magnitud puede ser tolerable. Recordemos que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental no es solamente un sistema de obtención de permisos, sino que debe condicionar esas autorizaciones al cumplimiento de las normas y principios ambientales, de tal manera de llegar a un punto en que los proyectos privados sean legítimos y aceptables para las personas y el medio ambiente afectado.

La posibilidad de que un alto funcionario de gobierno se encuentre de alguna manera capturado, rompe la necesaria neutralidad en la que debe evaluarse un proyecto para lograr ese delicado equilibrio. A pesar de que el funcionario no haya participado directamente de la tramitación, sí al menos lo ha hecho un servicio de dependencia del Ministerio de Minería: el Servicio Nacional de Minería y Geología, y eso sin contar las relaciones institucionales con otros organismos en las que el funcionario podría haber ejercido influencia, cuestión que difícilmente se dilucidará, pero es altamente probable en un caso así.

Ante las evidencias de captura –sea que esta se manifieste en un ilícito penal o no- y la pérdida de legitimidad del procedimiento de evaluación actual, la salida digna para el sistema y la minera sería, al menos, el retiro del proyecto. De no operar de esa forma, las autoridades actuales deberían llevar adelante lo que queda con el mayor de los cuidados y un doble escrutinio a las actuaciones anteriores, no construyendo sobre ellas, sino que observándolas y re-evaluándolas antes de tomarlas en consideración. Esta segunda opción no ayudará en términos de legitimidad, solo servirá para saber que las cuestiones técnicas se estén llevando de manera acorde y permitir que operen dentro del sistema los controles y contrapesos. Después de todo, la minera no está aprobada aún y quienes deberán dar o rechazar el permiso serán las autoridades actuales; las mismas que en caso de aprobarlo cargarán con las manchas de origen del proyecto.

Tratando de ser positivos, tal vez este caso sirva para dar pie a una observación más profunda acerca de cómo está funcionando la institucionalidad ambiental, pues su buen diseño debe ir acompañado de una evaluación continua de funcionamiento y de la constatación de que no se están produciendo fallas. Entre las posibles falencias, la captura de las autoridades es una de las que más daño le puede hacer al país.