Impuestos verdes ¿cuál es el próximo paso?

La reforma tributaria aprobada por el Congreso en septiembre pasado marca un hito en medio ambiente porque incorpora por primera vez instrumentos económicos orientados a reducir los impactos ambientales de dos sectores económicos relevantes. Estos impuestos verdes son una novedad bien recibida en un ámbito donde el desprestigio y anquilosamiento del sistema de evaluación de impacto ambiental ha generado severas dificultades para un cuidado eficiente del medio ambiente. Este tipo de instrumentos aplicados a la gestión ambiental nos pone al nivel de los países OCDE.

Esta reforma establece impuestos que se aplican a los dos sectores con mayor participación en las emisiones atmosféricas: la generación termoeléctrica y el transporte, que en conjunto representan más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país. Las termoeléctricas deberán pagar un impuesto que tiene dos componentes, 5 dólares por tonelada de CO2 emitida, más un impuesto que pondera los impactos en salud producidos por los contaminantes locales (Óxidos de Azufre, Material Particulado y Óxidos de Nitrógeno). En el caso del transporte, el impuesto que se aplica a la venta de automóviles nuevos también tiene dos componentes, estos se relacionan con la emisión de Óxidos de Nitrógeno y con la eficiencia en el consumo de combustibles. Este impuesto también incorpora una corrección que considera el precio de venta de los vehículos.

La importancia de estos impuestos verdes radica en los desafíos que enfrenta nuestro país para competir en una economía global baja en Carbono. Esto ya no se trata de un fenómeno para el cual tenemos que prepararnos, está ocurriendo.  El año 2013, en una Convención Minera realizada en Arequipa, el Ministro de Minería del Perú sostuvo que el cobre peruano es más competitivo que el chileno porque tiene una menor huella de carbono, debido a que su matriz de generación eléctrica es más limpia que la nuestra. El impuesto a la emisión de CO2 en la generación eléctrica hará aún más competitivas a las energías renovables no convencionales, ayudando a consolidar el auge de estas energías en el país, lo que en el largo plazo se traducirá en reducción de las emisiones de CO2 del sector.

El parque vehicular alcanza los 4 millones de unidades actualmente y se duplicará para la próxima década. Por eso es importante el impuesto, para contener los efectos del crecimiento del parque vehicular que podrían poner en jaque los esfuerzos para reducir la contaminación atmosférica de nuestras zonas urbanas, aumentando al mismo tiempo las emisiones de CO2 del país. Actuar ahora en la promoción de la importación de vehículos más limpios y eficientes traerá importantes beneficios sociales, por menores costos en salud y ahorro de combustibles.

La implementación de los impuestos verdes también nos ha permitido evidenciar las disímiles capacidades nacionales para el control ambiental. Mientras que el impuesto a la venta de vehículos ya está plenamente vigente, para la aplicación del impuesto a las generadoras existen  problemas. El Ministerio de Transportes administra un sistema de clase mundial para la homologación de cada uno de los modelos de vehículos que ingresan al mercado local, por esta razón se pudo implementar rápidamente una plataforma en conjunto con la Tesorería General de la República, empezando el cobro del impuesto en diciembre pasado. No ocurre lo mismo con los sistemas de monitoreo de emisiones en chimeneas, exigencia establecida el año 2011 por la norma de emisión para centrales termoeléctricas, que todavía no está plenamente implementada y cuya información será usada para el cálculo del monto del impuesto.

Los compromisos para mitigar el cambio climático que se deberían alcanzar en diciembre próximo en Paris, nos obligarán a seguir innovando para hacer al país más competitivo. Será necesario complementar el impuesto vehicular con una norma de rendimiento, que aumente la oferta de vehículos más eficientes, pero que también incluya a camiones y buses. En el caso de la generación termoeléctrica se deberá buscar una integración con un futuro sistema global de transacción de emisiones, lo que permitirá alcanzar metas de reducción de emisiones de CO2 a costos menores. Para esto se requerirá de una ley de permisos de emisión transables, que genere el marco para la operación de un sistema de este tipo en el país, y que defina además las condiciones para su integración internacional.