La injusticia con Caimanes es un atentado a todo Chile

En los últimos días, fuimos testigos de cómo los medios de comunicación manipulan la información con el objetivo de cumplir con los intereses comerciales que los motivan. Así por ejemplo, el lunes amanecimos con todos los noticieros alarmando sobre un tal Súper Lunes, que terminó con una calma muy lejana al caos que anunciaron los rostros televisivos. El martes, los inexistentes tacos fueron reemplazados por una inédita cobertura de la erupción del volcán Villarrica. Nuevamente, el foco de la información fue el escándalo, las preguntas insistentes a los habitantes sobre cuán traumática fue la evacuación. Los reporteros hacían el ridículo cuando las señoras y trabajadores respondían que todo estaba en orden, con toda naturalidad.

El miércoles, para no ser menos, fue destinado a otro Súper día. A las nueve de la mañana los matinales buscaban tacos dramáticos hasta con drones, sin ningún resultado. A la misma hora, en la comunidad de Caimanes, cientos de ciudadanos se manifestaban para que la minera Los Pelambres, de propiedad del grupo Luksic, cumpla con la resolución de la Corte Suprema, que el 21 de octubre de 2014 resolvió que Antofagasta Minerals debe restituir el curso natural de las aguas del estero del valle del Pupío, interrumpido hace 14 años por un tranque que acumula desechos de la faena. De esa lucha, que se vive todos los días desde hace más de una década, en Canal 13 –propiedad de Luksic- no se escuchó ni una sola palabra. Es la Súper complicidad de ciertos medios con el sometimiento a quienes sufren la desigualdad territorial.

La comunidad de Caimanes, al interior de Los Vilos, cuenta con más de 200 familias que han sufrido en carne propia los efectos contaminantes del tranque de relaves El Mauro, el más grande de Latinoamérica y el tercero del mundo, ubicado a los pies de un murallón de 240 metros de altura y 100 kilómetros cuadrados de desechos tóxicos, a apenas a ocho kilómetros del pueblo. Los desechos como el ácido sulfúrico –usado para romper la roca y sacar el mineral- generan un daño irrecuperable en los suelos y en el medio ambiente del sector.

Los habitantes de Caimanes, que llevan meses de activa movilización -con tomas de caminos y la consecuente represión policial- no sólo han sido pasados a llevar por la contaminación provocada por el negocio de Luksic, que los tiene con poco y nada de agua (la que llega en condiciones intomables); sino también por la negligencia con que el grupo económico se ha tomado la resolución de la Justicia, que amparado en el confuso argumento de la preparación de un plan para restituir las aguas a su curso normal, ya suma casi cinco meses sin devolver a una comunidad el derecho más básico para la vida digna.
Es necesario ser claros y firmes con la falta de respeto al Estado de Derecho con que actúa el grupo Luksic. En semanas en que el país se ha sacudido con casos como Penta y Caval, que evidencian que en Chile la corrupción existe y las influencias operan en perjuicio de los desprovistos de contactos y dinero, los poderes del Estado se deben poner los pantalones y hacer cumplir algo tan básico para la democracia como lo es un decreto de la Justicia.

También es un deber del poder Ejecutivo terminar con la represión a los manifestantes de Caimanes, quienes no hacen más que pedir a sus propias instituciones que funcionen. Como dijo el vocero del comité de defensa de la comunidad, Cristián Flores, debe ser difícil para Luksic cumplir con la resolución, porque la única forma de restituir el curso de las aguas es demoliendo el tranque. Pero hay un aspecto que debemos tener más presente que nunca en días en que se ha demostrado el poder del dinero por sobre los derechos de la ciudadanía: a la Justicia, al Gobierno y a todas las instituciones del Estado no les debe temblar la mano para hacer valer los derechos básicos de ciudadanos como los de Caimanes, quienes no están exigiendo nada de otro mundo. Al contrario, sólo buscan hacer valer su soberanía. Y los estudiantes, que este año seguiremos dando una dura pelea por realizar una reforma que esté a la altura de nuestras demandas históricas, debemos pronunciarnos cada vez que una disputa evidencie la dramática desigualdad nacional.