El país de las reformas
El desafío es encontrar el valor de la diversidad, terminar con el individualismo y dar importancia al bien colectivo. Mientras no cambiemos, las familias en campamentos siguen aumentando, siguen quedando fuera de todas las reformas y agendas, y seguirán esperando, sin luz, sin agua, sin alcantarillado. En las peores condiciones. Y en esto, todos hemos fallado.
Valentina Latorre es Directora Social de TECHO-Chile
Durante los últimos meses en nuestro país se han tramitado una serie de reformas. La reforma tributaria promulgada en septiembre de 2014 buscó generar mayor recaudación del Estado para gasto público. Uno de sus objetivos era poder financiar gran parte de la reforma educacional, que en el mes de enero dio un primer paso aprobándose en el parlamento la Ley de Inclusión Educacional que busca terminar con el lucro, copago y selección. Durante estos meses también se ha tramitado la reforma al sistema electoral, se aprobó la unión civil entre parejas del mismo sexo y las últimas semanas se ha iniciado la discusión respecto a la regulación del aborto. Estamos en tiempos de cambios importantes en Chile.
Estas son reformas estructurales que benefician al país, pero hoy incluso con estas reformas, dejamos atrás a 32.533 familias que viven en Chile. Familias que viven en campamentos, sin agua, sin luz, sin alcantarillado, sin acceso a la tenencia segura de un terreno. Sólo en el año 2014 cinco nuevos campamentos se conformaron en la región de Antofagasta, y todo esto sigue ocurriendo en un país que ha aumentado su ingreso per cápita a 23.000 dólares.
Habiendo dicho lo anterior, desde TECHO–Chile vemos con preocupación una reforma ausente: la reforma a nuestras ciudades. Como país seguimos sin cuestionar de manera profunda el modo en que nuestras ciudades se han desarrollado y la tremenda deuda que tenemos en nuestras políticas habitacionales. Durante largos años, con el compromiso de una solución habitacional, hemos segregado a las familias en situación de pobreza y han tenido que vivir en las periferias, excluidos de toda oportunidad, acceso a servicios, fuentes laborales y en condiciones de inseguridad,
Durante los últimos años, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los gobiernos de turno han dado luces de cambio en el ámbito habitacional. La generación de una Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) que busca guiar el desarrollo de las ciudades en Chile, identificando como el principal problema la segregación de éstas y teniendo como uno de sus objetivos principales la integración social, es un elemento positivo. Así también las últimas declaraciones del actual MINVU y el programa extraordinario de reactivación económica e integración social recientemente iniciada su operación que considera 30.000 nuevas viviendas, se ven como un avance en esta línea. Aún así son estrategias tímidas para la magnitud del problema. Es necesario que el Estado sea un actor mucho más activo en la conducción del desarrollo de nuestras ciudades y no sólo un ente regulador de políticas de mercado. Desde TECHO–Chile hemos enfatizado en la importancia de que los planos reguladores comunales puedan definir porcentajes mínimos y máximos de viviendas sociales en sus territorios para favorecer la integración y la mezcla social, también en que el Estado pueda generar un banco de terrenos públicos disponibles para la construcción de proyectos de interés social, lo que implica una gestión importante para adquirir nuevos terrenos. En definitiva, que se avance hacia un cambio profundo en el paradigma de las políticas habitacionales dejando de medir su éxito en función del número de unidades habitacionales construidas y se comience a favorecer una visión de ciudad, combatiendo la segregación y facilitando el acceso de los más pobres a la misma.
Este cambio radical en las políticas habitacionales es urgente. La desigualdad económica, ya conocida en nuestro país (el 1% de la población concentra el 30% de los ingresos nacionales), no es la única. Hemos generado una tremenda desigualdad territorial, poniendo obstáculos enormes a miles de familias para poder desarrollarse. Hemos acumulado en zonas específicas carencia no sólo habitacional, sino también laboral, educativa, de transporte, seguridad y espacios públicos. La reforma a nuestras ciudades tiene como principal desafío poder hacer equitativo el acceso a la infraestructura urbana, contribuyendo a que los que han sido vulnerados puedan desarrollarse y no haciendo más difícil su movilidad.
La problemática habitacional no sólo tiene un componente estructural referente a la capacidad de encontrarnos en las ciudades que hemos construido, sino también un componente cultural que pasa por la valoración de la diversidad . Esto nos desafía como sociedad: ¿cuánto estamos dispuestos a favorecer el encuentro en nuestros espacios públicos? ¿Queremos fomentar en nuestras aulas y en nuestros niños el encuentro entre distintos? El gobierno y el MINVU tienen grandes desafíos para modificar la estructura de nuestras políticas habitacionales, pero también lo tiene la ciudadanía. El desafío es encontrar el valor de la diversidad, terminar con el individualismo y dar importancia al bien colectivo. Mientras no cambiemos, las familias en campamentos siguen aumentando, siguen quedando fuera de todas las reformas y agendas, y seguirán esperando, sin luz, sin agua, sin alcantarillado. En las peores condiciones. Y en esto, todos hemos fallado.
