Penta-Soquimich: El valor de la sociedad civil organizada
No podemos ignorar que el Holding Penta es un conjunto de empresas dedicadas a rubros fuertemente reguladas por el Estado, como inmobiliarias, ISAPRES, Banca, seguros y previsión. En palabras simples; el éxito del Holding Penta como negocio requiere la aprobación de leyes especificas que las favorezcan.
Álvaro Castañón es Abogado. Director Ejecutivo de Línea Libre, fundación de ayuda a niños, niñas y adolescentes. Se ha especializado en derecho público desde la esfera de la sociedad civil. Adicionalmente es miembro del directorio de la Fundación Multitudes y trabaja en temas relacionados con incidencia legislativa, lobby, transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto, entre otros. En 2015 fue designado por la Presidenta Bachelet como integrante del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción.
El Estado tiene como misión velar por el Bien Común de todos y todas, lo cual implica el buen funcionamiento de las instituciones y la confianza desde la ciudadanía de que esto ocurre. Hoy, la confianza ciudadana en nuestras instituciones está dañada y por ende repercute en nuestra democracia.
Es justamente por la democracia, y por la vida en sociedad que no podemos aceptar que los grandes escándalos de financiamiento de la política se discutan simplemente entre unos pocos. Los ciudadanos hemos visto por años como un grupo reducido de personas “se llevan la pelota para la casa” y quedamos como simples espectadores del desenlace.
Los juicios por los casos Penta-Soquimich son una necesidad latente en nuestra sociedad, donde somos muchos los que vemos como una obligación que se continúe con una investigación exhaustiva e imparcial en ambas aristas, y de todas aquellas que puedan surgir durante avance la investigación, no importando si afectan a partidarios del Gobierno o de la oposición.
En concordancia con lo anterior, es que la Fundación Ciudadano Inteligente, con las limitaciones señaladas en el inciso segundo del artículo 111 del Código Procesal Penal, el cual otorga acción pública para aquellos “delitos cometidos por un funcionario público que afectaren derechos de las personas garantizados por la Constitución o contra la probidad pública”, interpuso una querella criminal en contra de Pablo Guillermo Wagner San Martín, Iván Alejandro Moreira Barros, Ena Anglein Von Baer Jahn, Jovino Novoa Vásquez, Alberto Eugenio Cardemil Herrera, Ernesto Silva Méndez, Roberto León Ramírez, Fulvio Fabrizio Rossi Ciocca y demás personas que resulten responsables, por el delito de cohecho contemplado en el artículo 248 bis del Código Penal o por cualquier otra figura penal que se determine en el curso de la investigación.
En momentos donde se ve cuestionado un modelo de hacer política, es necesario que la sociedad civil organizada se articule para defender los intereses de la ciudadanía. La querella presentada por la Fundación Ciudadano Inteligente, tiene como objeto interpretar un sentir y una necesidad ciudadana, la cual consiste en acompañar imparcialmente el accionar del Ministerio Público y la Justicia, a fin de que se sancione con el máximo rigor que permite la ley, a los responsables de defraudar la fe pública.
No podemos ignorar que el Holding Penta es un conjunto de empresas dedicadas a rubros fuertemente reguladas por el Estado, como inmobiliarias, ISAPRES, Banca, seguros y previsión. En palabras simples; el éxito del Holding Penta como negocio requiere la aprobación de leyes especificas que las favorezcan.
Mediante un ejercicio activo de la ciudadanía es que las Organizaciones de la Sociedad Civil han venido cumpliendo un rol clave. Donde el compromiso con la transparencia, y por asegurar que nuestra democracia sirva al interés general, y no el de grupos privilegiados que buscan influir, es el piso para tener una institucionalidad en forma que permita avanzar en múltiples otros temas públicos.
Los casos Penta-Soquimich han venido a dañar considerablemente la confianza y el desempeño de nuestras instituciones. Sin embargo, esto no es motivo para que la Sociedad Civil en su más amplia expresión se abstenga, por el contrario, debe ser la inspiración para dar las batallas que sean necesarias con miras a buscar la verdad respecto a cómo funciona la relación entre dinero y policía. Entonces, tendremos antecedentes de sobra para poder generar reformas legales virtuosas que no den paso a empresarios inescrupulosos o políticos de carente ética.
Por último, es nuestra misión como Sociedad Civil exigir participación, transparencia y justicia, avanzando a paso decidido para lograr que el ejercicio del poder se abra a quienes son los verdaderos dueños de la democracia; todos y todas.
