Caimanes: hacia un nuevo enfoque de relaciones con la comunidad

El lunes último el Juez del Tribunal de Los Vilos ordenó la demolición del tranque El Mauro de la compañía Los Pelambres en una sentencia que será apelada por la minera. La decisión, que llega tras un largo conflicto socioambiental y más de 100 días de protestas de la comunidad de Caimanes en contra de la empresa, apunta a que el plan presentado por la compañía no es suficiente para suministrar con agua potable a la mencionada localidad del norte.

Creemos que este fallo marcará un antes y un después en los procesos de relacionamiento comunitario. Se trata de una fuerte señal que muestra que no bastan las inversiones millonarias, concursos, proyectos sociales y ofertas basadas en las necesidades de las personas para lograr la anhelada “licencia social para operar”.

Las relaciones con los “grupos de interés” no pueden anclarse sino en procesos donde primen los derechos humanos, implementando herramientas y mecanismos que resuelvan de manera temprana y con la debida diligencia las vallas que puedan obstaculizar el ejercicio pleno de esos derechos. Sólo a partir de allí es posible construir procesos de diálogo donde las partes expresen sus deseos de impulsar procesos de desarrollo, generación de valor compartido y mejoramiento de calidad de vida para las comunidades.

Sin ir más lejos, el año 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que éste es esencial para la concreción de todos los derechos humanos. Además existen reconocidos estándares internacionales que ponen el foco en evitar cambios que restrinjan el acceso a los recursos vitales, algo que en caso de Caimanes parecía no estar garantizado, tal como denunciaba la comunidad y luego confirmó la Justicia.

Chile tiene aún un largo camino por recorrer en temas de derechos humanos de segunda y tercera generación; nuestro sistema normativo y de fiscalización parecieran alejarse en algunos casos de los derechos supuestamente garantizados en nuestra propia Carta Magna, como es el derecho a una vida digna. Existen una serie de normas, algunas de larga data, que aún no logran definir un marco que permita evitar la judicialización de proyectos de inversión, sin dejar de lado el respeto de los derechos de las personas y sus comunidades. Así la judicialización se transforma en una vía legítima para alcanzar aquellos derechos que creemos menoscabados.

Más allá de la felicidad que hoy inunda a muchas de las familias y personas que habitan en Caimanes, vale la pena reflexionar respecto de las bases sobre las que se están construyendo las relaciones comunitarias en Chile; sumado a la importancia de diseñar procesos con estándares que cautelen el ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales de las comunidades, a través de procesos que les permitan incidir en las decisiones que los afectan.

También cabe hacerse una pregunta de carácter más estructural respecto a cuál es el modelo de país qué queremos. El triunfo de las comunidades de Caimanes vuelve a poner en el tapete la lucha de múltiples movimientos, que reclaman una sociedad más democrática, un Estado más inclusivo y un modelo de desarrollo de escala humana que responda de verdad a las necesidades de hoy y a los desafíos del futuro.