La Universidad de Chile que queremos para el país que soñamos

La crisis de la educación proviene de la misma imposición que afectara al país entero durante los años de la dictadura: el tránsito de un Estado garante de derechos, hacia un Estado espectador de la iniciativa privada. Esta simple idea fue, de hecho, compleja de implementar y tiene hasta hoy tremendas consecuencias para la vida social del país.

Su aplicación en la educación implicó maniatar a las instituciones del Estado –escuelas, liceos y universidades-, arrojándolas a una competencia frente a los privados que las empuja a entrar a la lógica de la transacción mercantil y la búsqueda de rentabilidad como condición de subsistencia, en vez de velar por los intereses públicos que forman parte de su misión. El autofinanciamiento de las universidades es la muestra más clara de esta política.

Parea cumplir ese objetivo fue necesario transformar también la organización institucional de las Universidades del Estado. Una muestra de ello son los estatutos de la Universidad de Chile, que aunque con posteriores modificaciones, datan de 1981.

Es en este contexto que desde el Senado Universitario, espacio normativo de nuestra casa de estudios, de carácter triestamental, hicimos una propuesta y estamos conduciendo un proceso de cambio de estatutos que termine con el paradigma de la dictadura y, por el contrario, contemple una nueva institucionalidad para una nueva educación. Este proceso culminará en un referéndum triestamental que se realizará durante el 2015, y sin duda será un hito histórico para la Universidad.

Algunos de los puntos más importantes en discusión son la recuperación de la elección triestamental de autoridades unipersonales como rector, decanos y directores de departamentos; la ampliación de las atribuciones de cuerpos normativos triestamentales como el Senado Universitario; y la distribución de poderes entre los órganos centrales y las autoridades locales, que en el estado actual terminan favoreciendo a las unidades con actividades más cotizadas por el mercado.

La democratización de nuestra casa de estudios, sin embargo, no será tarea fácil. Lo sectores más reaccionarios, o que gozan de mayores privilegios según la institucionalidad vigente, se están organizando para proteger el orden actual. Una muestra de ello fue una reunión para discutir el tema, a puertas cerradas y sin acta pública, del Consejo Académico del Consejo Universitario, instancia que agrupa a los decanos de las facultades.

Los sectores reformistas de la Universidad no estamos dispuestos a tolerar este modo de encarar el debate: por el contrario, vemos como una necesidad imprescindible abrir el proceso al conjunto de la comunidad, funcionarios, académicos y estudiantes.

La Universidad debe ser tan democrática como el país que queremos. La integración de la comunidad a los gobiernos universitarios es un elemento institucional de la democracia, donde lo central es la lucha que ha dado el movimiento social: que su composición sea representativa de la sociedad y sus talentos, y no excluya por ingresos como el actual sistema. De esta forma la Universidad podrá a través de su comunidad caminar en conjunto con la sociedad por la senda del progreso y el cambio social. Hacia allá avanzaremos en la Universidad de Chile.