El nuevo contralor no debería ser político

A raíz de la seguidilla de escándalos económicos que hemos conocido, los que no vamos a enumerar porque son muchos y no tiene sentido referirse a ellos pues la opinión pública está al tanto de los mismos, la presidenta Bachelet armó un Consejo Asesor conformado por 16 personas, muchas de ellas del mundo académico, para que le propusieran en un plazo de 45 días las nuevas normas legales y reglamentarias con el propósito de elevar los estándares de la probidad y transparencia en el ámbito de lo público y lo privado.

Pero curiosamente, los partidos políticos de la Nueva Mayoría, quizás molestos con Eduardo Engel, presidente de ese Consejo Asesor, porque criticó los altos sueldos de los parlamentarios, también formaron su propio Consejo y para ello nominaron a ciertos avezados hombres públicos como sus miembros : dos por cada partido político. Inferimos entonces que a fines de abril próximo Bachelet dispondrá de infinidad de propuestas para acabar con la lacra de la corrupción.

Debemos tener en cuenta que con motivo del luctuoso episodio conocido como MOPGATE, año 2003, el asunto fue “solucionado” gracias a un acuerdo político de alto nivel, entre el presidente Lagos y el senador Longueira, y así fue como se hicieron varias modificaciones legales, creándose otras tantas y como remedio definitivo para la enfermedad, se aumentaron los sueldos de las autoridades para que así éstas no se fueran a trabajar al sector privado.

En razón a que el alza en sus estipendios fue exagerada había que justificarla y así fue como se le aseguró a la ciudadanía que no se repetirían los actos corruptos, pero ese buen deseo lamentablemente se truncó porque al no haber existido un efectivo control debido al relajo de las instituciones hemos llegado a la descomposición político-empresarial que conocemos. Recordemos que los subidos sueldos de los congresistas son equivalentes a los que tienen los ministros, asunto que el destacado economista Engel no tuvo en cuenta en la ocasión que disparó el misil a los diputados y senadores.

Pues bien, en abril próximo Ramiro Mendoza deja el cargo de Contralor General de la República ya que cumplirá el período legal de 8 años y a pesar de que tuvo un buen cometido liderando dicho servicio, creemos que necesariamente su continuador (a) debe fortalecer el rol que ella ejerce, sobre todo para que sus dictámenes tengan efectiva fuerza pues los municipios no siempre los acatan.

La Contraloría, según el artículo 98º de nuestra Constitución Política, es un organismo autónomo, con múltiples funciones, a saber :

(1) ejercer el control preventivo de la legalidad de los actos de la Administración (toma de razón);
(2) fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes;
(3) examinar y juzgar las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades públicas;
(4) llevar la contabilidad general de la Nación;
(5) emitir dictámenes sobre las materias sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización;
(6) vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo, instruyendo u ordenando instruir, de ser necesario, los correspondientes procedimientos disciplinarios y
(7) efectuar auditorías con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y la probidad administrativa.

Ahora bien, como dice el aludido mandato constitucional, la Contraloría debe ser autónoma, lo que implica que debe ser totalmente independiente de los vaivenes políticos y por ello, en estos tiempos tan tumultuosos por el creciente agotamiento que se aprecia, hemos decidido escribir estas líneas ya que se pueden correr riesgos innecesarios si el nuevo contralor es un personaje ligado al conglomerado de gobierno.

En tal sentido, cómo no recordar que en la oscura época de la dictadura militar, el Contralor Humeres rechazó el Decreto Supremo del Ministerio del Interior por el cual se hacía la convocatoria a un plebiscito el 28 de diciembre de 1977, motivo por el cual fue defenestrado y reemplazado por Sergio Fernández, afín a ese gobierno de facto, quien cumplió a cabalidad el mandato del Jefe, cual era firmar la toma razón del indicado Decreto.

Como era lógico, Fernández desempeñó el cargo de contralor por un cortísimo tiempo, pues el Decreto que llamó a la famosa consulta nacional ya era “legal”, es decir, el hombre cumplió con la misión encomendada por la Junta Militar, la que quedó satisfecha con el favorable resultado de la votación y posteriormente el disciplinado Fernández fue senador UDI por Magallanes.

Está claro que ahora estamos en democracia y que una cosa como la relatada sería imposible, pero a la luz de lo que está sucediendo con SQM, en términos de que se le impide al Ministerio Público a ejercer su labor, vemos con preocupación que el gobierno y la oposición lleguen a un grado de consenso para que el futuro contralor sea un político sumamente flexible que comprenda que el crecimiento económico a todo evento es indispensable para que Chile alcance el nivel promedio del PIB que tienen los países de la OCDE, sin importar tanto esas burdas exigencias de hacer cumplir las leyes y reglamentos existentes.

En el último tiempo en El Mostrador se ha comentado que la ex senadora y ex ministra Soledad Alvear “es una muy buena candidata para el puesto” de Contralor General de la República. Independientemente de la valiosa e innegable experiencia profesional y calidad humana de esta distinguida política, aunque no sea, por cierto, experta en derecho administrativo, resulta imposible abstraerse del hecho de que ha militado desde su juventud en la Democracia Cristiana, siendo electa senadora de dicho partido, y que todos los múltiples cargos que ha ocupado en la Administración Pública eran de confianza política.

Además, al estar casada con el rector de una Universidad privada, y dado que la implementación de la reforma educacional va a requerir la dictación de múltiples reglamentos, que van a pasar por la toma de razón del ente contralor, se vería obligada a “abstenerse” en todo lo que tenga relación con la regulación de la educación superior. Contestándole a las fuentes que tuvo El Mostrador para deslizar esa confidencia, si se trata de asignar cargos a políticos de primer nivel como ella, la veríamos mejor como ministra de Estado o embajadora en un país del primer mundo.

Por lo tanto, en nuestra modesta opinión, no parece en absoluto que el nombramiento de ella o de una persona de un perfil similar, proveniente del mundo político, pudiera ser compatible con la “autonomía” del órgano fiscalizador, ni con el actual contexto político-empresarial. Lo inmediatamente precedente, teniéndose en cuenta además el omnímodo poder que tiene el titular de la Contraloría General sobre el nombramiento, remoción y ascenso de todos los funcionarios de dicho organismo.

En efecto, el artículo 3º, inciso segundo, de la ley 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la Republica, establece que los funcionarios de la Contraloría son de exclusiva confianza del Contralor. Dichos subalternos se rigen por la citada ley orgánica y supletoriamente por el Estatuto Administrativo.

Tenemos plena confianza en que la Presidenta Bachelet será capaz de proponer al Senado un nombre de hombre o mujer independiente y autónomo que logre conjugar experiencia y juventud para llevar a cabo el proceso modernizador en curso de la Contraloría, ojalá con experticia en derecho administrativo, pero, lo más importante, insistimos con majadería, alguien sin militancia política ni evidentes conflictos de intereses.

Terminamos, deseándole a Ramiro Mendoza una pronta reinserción en el sector privado, con el cual, es justo decirlo, no siempre hemos estado de acuerdo con sus extensos oficios y dictámenes, pero sí le reconocemos su talento, deferencia a toda prueba y sentido del humor.