Ley de Glaciares, ¿de qué lado está el gobierno?

Hasta este viernes 27 de marzo, según acodaran en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, se podrán presentar indicaciones al proyecto de Ley de Glaciares con el que el gobierno reemplazó el que los diputados ingresaron el 20 de mayo de 2014. Restan, en concreto, pocos días para hacer que la iniciativa recupere el sentido original de la suscrita por los congresistas hace casi un año: proteger los glaciares del país.

Son varios los aspectos positivos de la propuesta de Michelle Bachelet. Eso hay que reconocerlo. Pero lamentablemente son muchos más, en cantidad y calidad, los contenidos negativos de esta. En el fondo, un balance al debe de lo que gran parte de la ciudadanía exige.

Se ha dicho desde un principio: los glaciares son reservas de agua para las actuales y futuras generaciones. Todos. No solo los emplazados en parques nacionales, que ya cuentan con estatus de protección (incluso de nivel internacional por la Convención de Washington). Dejar el resto a merced de la evaluación caso a caso es lo que ha permitido la destrucción que hemos visto en Pascua Lama de Barrick, División Andina de Codelco, Los Pelambres de Antofagasta Minerals y Los Bronces de Anglo American, entre otras faenas mineras.

Alguien podría pensar que la facultad del Comité de Ministros para la Sustentabilidad para declarar determinados glaciares como “reservas relevantes de agua” es un avance. Claro que lo sería. Pero solamente si no supiéramos que tal instancia no solo está integrada por el ministro de Medio Ambiente, sino también por los titulares de Hacienda, Transportes, Minería, Obras Públicas y Economía, entre otros ministerios que no destacan particularmente por su preocupación ambiental. Y sería un paso adelante más aún si se considerara financiamiento para realizar los estudios que permitan declarar esas “reservas relevantes de agua”. Sin estos recursos, como está planteado en el proyecto de ley, este trabajo quedará a merced de consultoras y de las propias empresas mineras, siempre solícitas a financiar todo lo que beneficie sus intereses.

Lamentablemente, las condiciones que plantea la iniciativa del gobierno parecen estar hechas a la medida de la minería. Algo que no extraña al saber que gran parte de los glaciares que quedarían con desprotección, sujetos esencialmente a la evaluación caso a caso del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, serían los que se ubican en las zonas de extrema estrechez hídrica. Precisamente donde se emplaza la minería intensiva.

La lucha por proteger los glaciares no es nueva. Ya Michelle Bachelet suscribió un acuerdo con el mundo ecologista en su campaña de 2005, previo a su primer gobierno. Fue uno de los puntos del que se denominó Acuerdo de Chagual. Sin embargo, debieron pasar casi 10 años para que cumpliera con enviar el Congreso una propuesta legislativa que, más aún, desvirtúa el propósito original.

Hoy es posible mejorar el proyecto. Pero para ello se debe contar con el apoyo de los parlamentarios de la Comisión de Medio Ambiente, para que suscriban y apoyen las indicaciones que hagan volver a su cauce original una iniciativa fundamental para los chilenos de hoy y del mañana. Y también con el respaldo del gobierno, para que se allane a cumplir lo que promete.

Pero fundamentalmente requiere del soporte de la ciudadanía, la que debe preguntarse de qué lado estará en la discusión sobre el cuidado y protección de un bien común vital como lo es el agua de nuestras montañas.