No nos engañemos, la corrupción no es patrimonio exclusivo de la política
A estas alturas, no estamos para generalidades que dejan a todos contentos cuando las malas prácticas tienen nombres y apellidos.
Patricio Segura es Periodista Coalición Ciudadana Aysén Reserva de Vida (ARV) y Patagonia sin Represas
En La Moneda comenzaron el miércoles 25 de marzo las audiencias ciudadanas del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción. La primera fue en Santiago, continuando el viernes pasado en Valparaíso. Seguirán luego Concepción, Coquimbo, Temuco y Arica. Serán dos semanas de intensa recolección de antecedentes en diversas zonas del país.
Es probable que algunos la vean como una fiscalía y presenten ante los consejeros sus múltiples denuncias. Otros, quizás, planteen sus propuestas de cambio legal o institucional. Todo vale cuando se trata de avanzar en un tema tan esencial.
En estos pocos días, han sido fundamentalmente organizaciones, dirigentes partidarios y organismos del Estado los que se han plantado ante una comisión sobre la cual se ciernen las esperanzas de iluminar el oscuro mundo en que se da la relación entre la política y el dinero. Más bien, entre los políticos y quienes acaparan el dinero. A estas alturas, no estamos para generalidades que dejan a todos contentos cuando las malas prácticas tienen nombres y apellidos.
El Decreto 2 de 2015 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que dio vida al consejo, fue claro en el mandato: “Proponer un nuevo marco normativo, que permita el cumplimiento efectivo de los principios éticos, de integridad y transparencia, en sus aspectos legales y administrativos para logar el eficaz control del tráfico de influencias, prevención de la corrupción y de los conflictos de interés en los ámbitos de los negocios, la política y el servicio público, así como en la relación entre éstos”.
El trabajo que realicen los 16 consejeros será muy importante para avanzar en un ámbito que desde la sociedad civil se viene planteando desde hace décadas y que no atañe solo a la política y el Estado: la mercantilización de gran parte de las relaciones sociales. Tanto así, que la rentabilidad económica –legítima o no, da lo mismo- se ha convertido en la medida de todas las cosas. Tal es, en el fondo, el problema subyacente cuando hablamos de regular la relación entre el dinero, la política y la función pública.
Es probable que muchos estemos de acuerdo con la última frase del párrafo anterior. Sin embargo, si lo restringimos solo a esos tres componentes quedaremos a medio camino del principal desafío de la comisión. Y este no es más que dar pautas en muchos otros ámbitos de la sociedad, no exclusivamente relacionados con la política y el Estado. También es necesario avanzar en regular la influencia que tiene el dinero en la provisión de bienes y servicios públicos que son fundamentales para que los ciudadanos se puedan desarrollar en dignidad. Aquellos que no pueden ser entregados exclusivamente a las reglas del mercado. Y menos aún a uno como el chileno donde prácticamente opera la ley del más fuerte. O la de la selva.
Personas que se han apropiado de cuencas completas especulando con el agua, medios de comunicación que coartan el derecho a la información de la ciudadanía porque sus propietarios tienen intereses en la cobertura de ciertas noticias y procesos de participación ambiental viciados por la cooptación de mineras, eléctricas y celulosas, son solo algunos de los ejemplos que dan cuenta de una realidad que es mucho más amplia que el solo financiamiento de la política. La ley del mercado a todo evento, el individualismo y el clientelismo son formas de un hacer cotidiano que ha socavado el sentido de lo público. El sentido de lo que entendemos por bien común.
Tal es la oportunidad que tiene hoy el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción. No quedarse solo en el chaucheo de cómo le solucionamos a los políticos profesionales el problema en que hoy se encuentran y que, por tanto, tenemos como país. Su principal tarea será entregar orientaciones para recuperar el sentido común sobre la ética de lo colectivo. Esa que extraviamos en algún recodo del camino. Volver, de alguna forma, al día previo en que comenzamos a creer que todo aquel que se comporta decentemente es un ingenuo y que ser vivaracho es un valor. Uno fundamental para vivir en sociedad.
