¿Renuncia a derechos a cambio de compensaciones económicas?

Abril ha visto anuncios que ilustran la dirección que tomará el gobierno ante la conflictividad que se produce en los territorios cuando se instalan -o pretenden instalar- proyectos de inversión de alto impacto social y ambiental. En el Diario Financiero Katia Trusich, quien en su calidad de Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño preside el Consejo de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible, presenta una nueva agenda que busca fomentar y fortalecer la responsabilidad social.

En el artículo señala que “a través del Consejo para la Producción Limpia (CPL), implementaremos estos convenios que permitirán a las empresas trabajar con las comunidades antes de que los proyectos ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”. En otra se nota profundiza aún más en el anuncio, señalando que “el Consejo Nacional de Producción Limpia presentó el programa Acuerdos Voluntarios de Preinversión, herramienta que busca facilitar la participación temprana de las comunidades, de manera que puedan incidir en el mejoramiento de los proyectos de inversión emplazados en su territorio”.

Estos así llamados acuerdos voluntarios van en la misma dirección que el proyecto de Ley de Asociatividad impulsado por el Ministerio de Energía. La iniciativa no ha sido bien recibida y ha debido ser “desmembrada”, separando la equidad tarifaria y el pago de patentes de la asociatividad.  Hoy, la propuesta es impulsada desde Economía y con miras a todos los sectores productivos. Y nuevamente nos enfrentamos a los mismos problemas que involucraba el proyecto de asociatividad.

Si bien estos mecanismos son presentados como formas de fomentar el diálogo social y el desarrollo local, bajo nuestro actual marco jurídico y contexto sociopolítico siguen en la línea de entregar compensaciones económicas por daño ambiental. Se habla de diálogo, pero nunca está en juego el proyecto mismo. Las comunidades no podrían, realmente, oponerse al proyecto o elegir cuáles sí quieren para sus territorios.

Sin ordenamiento territorial vinculante y sin una reforma al SEIA, estos mecanismos arriesgan institucionalizar la práctica ya existente de empresas de llegar a comunidades carenciadas a ofrecer bienes y servicios – que debería proveer el Estado – a cambio de la aprobación y aceptación de sus proyectos. Esto es muy peligroso, ya que implica la vulneración de derechos por compensaciones económicas.

Una aseveración de Trusich ilustra el espíritu claramente: “Relacionarse con las comunidades, cuidar y mantener vínculos sanos con los trabajadores, integrar a las mujeres a la fuerza laboral y darles espacios de desarrollo de carrera; cuidar el medio ambiente; pagar a tiempo a los proveedores; resguardar la cadena productiva… todo se puede hacer sin afectar la competitividad”.

Queda claro de esta aseveración que los derechos de las mujeres, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, los derechos laborales, entre otros, son condicionados a la existencia de competitividad.  La pregunta que surge es ¿qué pasaría si respetar estos derechos sí afectara la competitividad?  ¿No habría que exigirlos? ¿No serían, entonces, derechos?

Esta es una de las graves consecuencias de pensar las políticas públicas en función de la lógica de la competitividad: todo, incluso los derechos más básicos, pasa a tener precio.