Salvemos (¿sólo?) a los emblemáticos

Soy institutano y considero positiva cualquier medida que contribuya a que los liceos emblemáticos y particularmente el Instituto Nacional siga siendo lo que es, y por tanto siga aportando al país y cumpliendo su fin: “Dar a la Patria ciudadanos que la defiendan, la dirijan, la hagan florecer y le den honor.” Sin embargo, cuando hablamos de políticas públicas y en particular de principios en educación, es bueno legislar para el conjunto y no para la excepción, procurar la defensa de principios y no de intereses corporativos.

En primer lugar, debemos considerar como razón para que existan liceos emblemáticos que la excelencia académica con inclusión es un proyecto educativo legítimo y por tanto no solo debe ser permitidos, sino que incluso pueden ser promovidos. En tal caso la selección por mérito académico no es más que la concreción práctica del derecho de los padres a elegir el colegio que quieran para sus hijos y en consecuencia el acuerdo de la comunidad educativa en el enfoque de su proyecto determinado.

De lo anterior se sigue que si la sociedad considera como algo bueno que existan instituciones que sean vías rápidas de movilidad social, como los liceos de excelencia, en donde gente que no tiene los recursos para pagar un colegio particular puede acceder a una educación de calidad, es justo que el Estado concurra con recursos para quien no puede pagarlo, ya que el beneficio no solo es personal sino que también social. No está demás agregar que lo ideal es que todas las instituciones entreguen educación de calidad a sus alumnos, lo cual no contradice la existencia de proyectos que seleccionen por mérito académico, en vez de utilizar el sistema de la tómbola, que carece de toda justificación.

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que nos hagamos preguntas que resultan útiles para el debate, por ejemplo ¿Por qué un proyecto educativo que privilegie la excelencia académica solo puede ser provisto por el Estado? ¿Por qué un grupo de padres no podría desarrollar un “Instituto Nacional Católico, Judío o Inglés, etc.”? Es evidente que el mismo principio debería poder aplicarse en diferentes circunstancias.

El proyecto del diputado Kast sin duda es un avance, pero parece necesario que incluya estos factores. Promover la movilidad social no solo es función del Estado, sino que de toda la sociedad, y es justo que las personas puedan asociarse libremente y constituir los proyectos educativos que quieran, como por ejemplo uno con excelencia académica.