Cómo la dictadura y la desigualdad social llegaron a ser la base de la corrupción en Chile

En esta columna mostraré cómo la profunda desigualdad económica y social que vivimos en Chile se vincula con el repetido escenario de corrupción de políticos y de empresarios en el Chile actual, y cuyo origen son las condiciones creadas durante la dictadura de Pinochet.

Empecemos por ver lo que ocurre en Chile en materia de desigualdad social. Dos economistas de la Universidad de Chile concluyen un estudio basado en cifras del Servicio de Impuestos Internos:

“Aquí se ha demostrado que aún en base a una estimación conservadora del ingreso de los súper ricos, su participación en el ingreso personal total es extraordinariamente alta, llegando a más de 30% para el 1% más rico, 17% para el 0,1% más rico y más de 10% para el 0,01% más rico en promedio durante el periodo 2004-2010. En términos internacionales estas son las más altas participaciones que se conocen. Aun excluyendo ganancias de capital o utilidades retenidas, la participación del 1% más rico es la más alta registrada dentro de una lista mucho más amplia de alrededor de 25 países para los cuales esto se ha medido”.

Tomemos uno de los estudios más clásicos sobre la pobreza, que es la otra cara de la excesiva riqueza, la Encuesta CASEN que se realiza todos los años en Chile. “Los resultados Casen 2013 confirman un alto y persistente nivel de desigualdad de ingresos,(en Chile) cuya reducción sigue siendo la tarea pendiente para el país. Con las reformas educacional, tributaria, y el fortalecimiento del sistema de protección social emprendidas por este Gobierno (Bachelet 2016) nos hacemos cargo de esta área”.

Chile, según estos estudios, es el campeón mundial de la inequidad. Un reducido número de super-ricos, se llevan más de un tercio de lo producido por el conjunto del país. Entre estos super ricos se encuentran Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, dueños de Penta y amigos personales de otro super rico Sebastián Piñera Echeñique, que fuera recientementemente Presidente de Chile. Estos empresarios, iniciaron sus negocios, como también lo hizo Julio Ponce Lerou con la privatizada empresa Soquimich, siendo yerno de Pinochet, durante la dictadura.

Mientras se torturaba, se encarcelaba, desaparecían y se asesinaba a los opositores del Gobierno y se exiliaban al extranjero a miles de chilenos, se instalaba simultáneamente la Constitución Pinochetista, el Plan Laboral de José Piñera y el modelo neoliberal de Milton Fridman, que son el alma y el cuerpo jurídico que rige centralmente la dinámica económica aún vigente en nuestro país y que las Reformas Tributarias, Educacional y Laboral elaboradas en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, tratan de modificar, sin que logren satisfacer las expectativas ni a los trabajadores organizados ni de los empresarios.

La manera desproporcionada de distribuir la riqueza en la población de Chile, no puede sino que generar un profundo malestar social como lo vemos en las manifestaciones callejeras, en los últimos cinco años, de estudiantes, profesores, ambientalistas, trabajadores, enfermos, regionalistas, consumidores estafados y en las últimas elecciones presidenciales donde todos los candidatos, incluidos los de derecha, prometían cambios sustantivos en el plano social y económico y constitucional.

Los actuales procesos judiciales y los antecedentes públicos que conocemos en los casos de Cascadas, Penta, Soquimich y Caval, muestran claramente que esta acumulación no ha sido lograda por el talento de sus empresarios, sino que ayudados o de la mano de la corrupción, por el tráfico de influencia, por la evasión de impuestos, boletas falsas, cohecho del mundo empresarial al político, por información privilegiada, por las trampas que permite el mercado y el sistema jurídico y por las debilidades de los controles estatales o aún por la colusión entre autoridades públicas y empresarios.

El intento por poner nuevos peajes en las autorutas, las nuevas subvenciones estatales solicitadas por el Ministerio de Transportes a los dueños de los buses del Transantiago, ilustran sobre esta persistente lógica que beneficia a un grupo de empresarios a costa del dinero generado por el conjunto de la población, a cambio de servicios de mala calidad.

Para el liberalismo y para el neoliberalismo, tal como lo defienden la UDI, RN o Amplitud, la desigualdad se presenta o existe como una realidad natural: hay ricos y pobres porque algunos trabajan más que otros, por razones de azar o porque la vida es así en todos sus aspectos, la desigualdad es una realidad insalvable o inevitable, donde los responsables son las propias personas, grupos, sectores o países que se encuentran en situación desmedrada.

El capitalismo – para esta visión derechista- es un sistema que surge del desarrollo humano y donde la natural competencia entre seres vivos que existe en la naturaleza, se instala también en la comunidades humanas. El capitalismo, en consecuencia, no es responsable en sí de las desigualdades, éstas existieron en sistemas económicos anteriores como la esclavitud o el feudalismo.

No podría entenderse el sistema capitalista, sin la contradicción entre el capital y el trabajo, sin la lucha de intereses de clase. Sin la competencia por ganar dinero en todos los tipos de actividad se paralizaría el motor de las sociedades. Sin la desigualdad no habría incentivo para producir y ganar clientes, prestigio, poder, dinero. Esto es lo que se ha enseñado durante décadas en muchas instituciones que florecieron en la dictadura de Pinochet. Y es lo que han aprendido los destacados alumnos como Sebastián Piñera, Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín o Julio Ponce Lerou.

Mientras la población chilena sufría de la brutal y sistemática represión de la dictadura, la violación a los derechos humanos, los favorecidos del sistema, sentaban las bases de los negocios que se instalarían y le asignaban un rol garantizador del mercado al Estado. Esta es la filosofía que enseña Milton Friedman y la Escuela de Chicago, que tanto dolor ha causado a las poblaciones donde ha logrado instalarse. Es lo que la dictadura de Pinochet nos impuso, incluida la relación capital/trabajo instalada en la ley Laboral de José Piñera que hoy se pretende modificar, sin que exista conformidad en muchos sectores laborales.

Desarrollar la democracia en todos los planos, derrotar la corrupción, incluida la prevalencia de una moral ciudadana basada en el verdadero esfuerzo y el mérito, es una tarea inconclusa en la sociedad chilena. El caso Caval ha servido para retardar el proceso de reformas anunciado por el segundo gobierno de Michelle Bachelet, porque la derecha aprovecha el desmoronamiento de la moral política de los que buscan los cambios para frenar estas reformar largamente prometidas y o postergadas.

Esta realidad de corrupción, a nivel nacional, podría ser severamente disminuida sólo con un cambio en el marco jurídico radical, incluida la Constitución, los abusos y los procedimientos de lucro que hacen Penta, Caval, las Farmacias, La Polar, las AFP son posibles en este marco constitucional y jurídico heredado de la dictadura. Un cambio profundo es necesario para pasar de un “crecimiento económico”, de una sociedad competitiva y corrupta , de una sociedad sin confianza en las autoridades, a una con un efectivo desarrollo social, basada en el mérito y la colaboración.

“Miremos a las 1.700 personas que cada mes ganan más de 1000 millones de pesos cada una (Chile). Si estas mismas 1.700 personas se quedaran solo con 600 millones de pesos al mes, y el resto lo entregaran a la sociedad, Chile dispondría de cerca de 15.000 millones de dólares adicionales al año, esto es casi tres veces el presupuesto de los Ministerios de Vivienda y Obras Públicas juntos al año”( Pg 19. Revista Occidente N° 447, enero-febrero 2015 Una Mirada a la Distribución de la Riqueza en Chile. Autor: Pablo Cabezas Leighton)

Es preciso instalar una sociedad chilena en que queden canceladas o severamente disminuidas, las desigualdades sociales, donde el disfrute del trabajo colectivo sea efectivamente equitativo o cercano a dicho objetivo, lo que implica llevar adelante con vigor la reforma tributaria, cerrándole el paso a las trampas que ponen los agentes económicos irresponsables.

La propia sustentabilidad global del planeta, solo podrá ser garantizada si se eliminan los excesos de ingresos de la élite en beneficio de las grandes mayorías, lo que requiere un modelo de desarrollo social distinto a la pura motivación del lucro que es el eje de la actual convivencia en Chile. La garantía de progreso y de desarrollo se encuentra en una planificación científica de la sociedad y no en los vaivenes del mercado.

El mercado puede ser admitido como un mecanismo del intercambio de productos y de servicios pero siempre con un Estado capaz de ordenar la distribución de bienes y de servicios por sobre el interés de los privados movidos por el lucro.