Confianzas: ¿somos la raíz del problema?
Ampliar el acceso a la información para acortar las brechas de información entre el Estado y la ciudadanía, y ver señales concretas desde el sector privado para llevar a cabo este proceso, ayudaría a cambiar el paradigma de su vínculo con la ciudadanía.
Paulina Ibarra es Presidenta Ejecutiva y cofundadora de Fundación Multitudes. Master of Arts en Comunicaciones de Georgetown University. Experta en participación ciudadana, gobierno abierto y transparencia. Fue asesora de Comunicación y Gobierno Abierto de la administración del Presidente Barack Obama y Oficial de Comunicaciones del Banco Mundial. Asimismo, fue consultora en Comunicación para el Desarrollo y Gobierno Abierto en múltiples organizaciones multilaterales.
La democracia, en lo que se refiere a proporcionar mejoras y beneficios reales a la vida de los ciudadanos, es el objetivo de la participación ciudadana. Para lo anterior es necesario que los ciudadanos nos informemos, nos articulemos y participemos colectivamente para que en esta corresponsabilidad sepamos cómo y cuándo exigir que aquellos que nos gobiernan y que administran nuestros recursos rindan cuentas sobre su gestión, pública o privada.
Antes que todo, debemos entender que con la democracia hay derechos y deberes, por lo que dada la contingencia es importante saber cómo ejercerlos a través de los actuales mecanismos de transparencia y de participación ciudadana. Comprender cómo crear un círculo virtuoso entre Estado, ciudadanos y el sector privado es una de las claves para recrear la confianza perdida y evitar la corrupción. Por lo mismo creemos que es el momento de evaluar la actual ley de Transparencia y Acceso a la Información y ampliarla a todas esas empresas del sector privado que administran el acceso a nuestros derechos universales, gestionan nuestros recursos y bienes públicos, pero que por sobre todo han perdido la confianza de los chilenos.
Hablar de bienes públicos no es solo hablar de los recursos que por naturaleza nos pertenecen a todos los chilenos como derecho y que, como deber, tenemos que proteger y fiscalizar en su manejo. También es hablar de los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en la Constitución y en tratados internacionales, como la salud, la educación y la seguridad social.
Por tristes y desafortunados hechos históricos, desde los años ochenta buena parte de estos bienes, recursos y servicios son administrados por empresas privadas y se nos ha negado el derecho a informarnos sobre cómo se gestionan y administran, a pesar de que este manejo afecta directamente el ejercicio de nuestros derechos y garantías como ciudadanos.
De ahí la importancia de aprovechar el clima actual para recomponer las confianzas elevando el debate de la transparencia y estableciendo expectativas más altas para el sector privado que administra estos derechos y el acceso a ellos.
Ampliar el acceso a la información para acortar las brechas de información entre el Estado y la ciudadanía, y ver señales concretas desde el sector privado para llevar a cabo este proceso, ayudaría a cambiar el paradigma de su vínculo con la ciudadanía y sería la mejor manera de usar la transparencia para arrancar la raíz de las desconfianzas que hoy día nos consumen.
