Desprecio total por el patrimonio arquitectónico

En la revista Vivienda y Decoración del pasado dos de mayo, Sebastián Gray, presidente del Colegio de Arquitectos, publica una columna titulada “Detrás de una fachada” en la cual critica con sólidos argumentos la próxima demolición del tradicional inmueble en donde funcionó por muchos años la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile. En su lugar, se construirán ciertas oficinas de esa universidad pública

El derrumbe ad portas de la edificación de valor histórico se producirá porque no cuenta con ninguna protección patrimonial. Y porque quienes dirigen la principal casa de estudios superiores del país, solo sacaron cuentas económicas en el momento de tomar sus decisiones de inversión: ellos estimaron, acorde a los tiempos que se viven, que no era rentable la preservación de ese edificio.

Ahora bien, en el centro histórico de la ciudad de Santiago existen innumerables galerías comerciales que, en la práctica, son admirables pasajes peatonales bajo techo, algunas de las cuales son Monumentos Nacionales regidos por la Ley Nº 17.288 y otras tantas están declaradas, ya sea como individualidades o como Zonas, con la figura de Conservación Histórica.

La Galería Imperio, cuyo acceso principal estaba en la calle Huérfanos 830, fue remodelada en 1978 en el período en que ejercía como alcalde el civil Patricio Mekis. En el año 2011 la adquirió el grupo económico Saieh para demolerla y construir allí un supermercado, un hotel y otros equipamientos comerciales.

Como esta galería estaba emplazada en la Zona A de Conservación Histórica A1, era obligatorio que un arquitecto firmara un informe, en el cual debía fundamentar las razones de seguridad o de fuerza mayor que harían recomendable la demolición de la galería. En base al contenido de ese documento el Director de Obras Municipales estaba en condiciones de resolver si era procedente o no la demolición.

Sin contar con el mencionado informe técnico, un arquitecto de esos que se prestan para cualquier trámite por impúdico que sea, le pide en agosto de 2011 al arquitecto Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Seremi del MINVU, su autorización para demoler el inmueble protegido. Su colega -que ejercía dicho cargo público- le responde que la iniciativa comercial propuesta era improcedente, por no respetar el espacio conformado por la Galería Imperio.

Entre otras cosas, la autoridad administrativa sectorial le contestó al privado pedigüeño, que la intervención propuesta no armoniza con las edificaciones del entorno y sus características arquitectónicas “afectando desfavorablemente el carácter y valores patrimoniales del referido Sector de Conservación Histórica”. Contundente explicación.

Los actores que se desenvuelven en el mercado, habitualmente dicen que es cuestión de tiempo cambiar esas molestas y burocráticas negativas. Comentan que sus avispados abogados saben “interpretar” las leyes para establecer finalmente razonamientos conducentes al crecimiento económico, que es lo único que importa.

En la fecha de la compra de la Galería Imperio por parte de Saieh, quien gobernaba el país era el lúcido Sebastián Piñera. Y así fue como operó perfectamente la retroexcavadora del anterior gobierno y el 6 de marzo de 2013, en plena campaña de la pasada elección presidencial, el mismo funcionario del MINVU que exigía el cumplimiento de la ley respecto de los inmuebles de Conservación Histórica, borró con el codo lo que escribió anteriormente con sus deditos en el computador.

Las sospechas de que este funcionario de carrera recibió precisas instrucciones de sus habilidosos jefes para que se aprobara el desplome de la galería resultan plausibles. En su nuevo informe el funcionario decía que el nuevo volumen tendrá 12 pisos y que ahora “la intervención propuesta no afecta el carácter y valores patrimoniales de la referida Zona de Conservación Histórica” (sic). Entendemos que con esta conveniente obediencia conservó la pega.

Pero como ningún profesional se pudo haber atrevido a firmar un certificado, como lo ordena el artículo 5.1.4 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), mediante el cual solo se recomienda la demolición por debilidad estructural de la edificación, este deplorable episodio será llevado por la Fundación Defendamos la Ciudad a la Contraloría General de la República para que investigue cuales fueron las razones de la imprudente voltereta del mencionado funcionario de la administración del Estado.

Y ya que estamos en el ámbito de la fiscalización, más todavía en un período crítico en el cual hay un ataque frontal contra la corrupción por parte de la Presidenta Bachelet, con la publicación de esta columna, le hacemos un llamado a Sebastián Gray para que el Comité de Ética de su Colegio de Arquitectos indague lo acontecido con sus colegas intervinientes en la demolición.

En resumen, vislumbramos que el próximo dictamen de la Contraloría dirá que hubo irregularidades en la tramitación de los permisos y también dirá que esas malas prácticas están administrativamente prescritas. Es decir, su resolución, que conoceremos en un año más, no producirá ningún efecto práctico por el tiempo transcurrido. Y así el astuto grupo Saieh estuvo en condiciones de aprovecharse de la debilidad del sistema para seguir acumulando riqueza.