Innovación al servicio de la ciudadanía
Tradicionalmente, el Estado chileno ha cumplido el rol de facilitar y promover la innovación en el sector privado, a través de políticas e instrumentos radicados en distintas agencias. De hecho, en Chile el sector público es el principal generador de recursos destinados de investigación, desarrollo e innovación, por delante de las empresas, las universidades y los fondos internacionales. En los países de la OCDE, dos tercios del financiamiento vienen del sector privado y solo un tercio del ámbito público.
Andres Zahler es Experto Avonni. Jefe de la División de Innovación, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
La paradoja es que, pese a que el Estado financia e impulsa la innovación, es muy poco lo que la práctica. La dificultad y falta de coherencia al momento de fomentar la innovación en sus propias estructuras e instituciones no solo ha limitado las posibilidades de mejora en la productividad del sector. También ha generado una deuda con una ciudadanía que, cada vez más empoderada y mejor informada, exige servicios públicos de más calidad.
Fomentar la innovación en el Estado es un desafío distinto y más dificil que en el sector privado. Por un lado, no existen los incentivos para innovar provenientes de la competencia. Por otro lado, la forma de trabajo dentro del Estado tiende a castigar la toma de riesgos y experimentación al estar enfocado en una buena ejecución de los recursos que se le asignan a cada institución. Además, en el mundo público es más costoso equivocarse, porque las consecuencias de las decisiones erradas afectan a más personas.
Es cierto que en el Estado se han realizado iniciativas muy importantes de innovación. La modernización del SII, las mejoras al Registro Civil, y programas como Gestión de la Innovación en el Sector Público de Corfo o el Desafío Innovación del Servicio Civil, son un ejemplo a seguir. Pero no había existido hasta hoy una mirada que unificara los esfuerzos dirigidos a potenciar la innovación en el sector público, ni un espacio para probar ideas nuevas y difundirlas en forma sistemática a través de las instituciones estatales.
La política de innovación pública que estamos impulsando pretende comenzar a saldar esta deuda, y un elemento central de esa política es la creación del Laboratorio de Gobierno.
Esta iniciativa busca, por un lado, recoger, idear e implementar iniciativas que creen valor público en la sociedad. Pero también busca cambiar el paradigma según el cual se piensa y se concreta la innovación en el Estado. Una política de innovación pública efectiva debe poner al ciudadano al centro de sus acciones, y permitir que sean co-creadores de las iniciativas que se implementen. Debemos pasar de la lógica de diseñar políticas y servicios para las personas, (basadas en ideas top-down que muchas veces no consideran las dificultades en su implementación), a la de crear con las personas, involucrando, desde una lógica bottom-up, a la ciudadanía, funcionarios públicos, académicos, emprendedores y actores del mundo privado.
En este sentido, una de las claves, y desafíos, del éxito de este laboratorio es lograr la participación real y comprometida de los servicios públicos con la innovación, de forma de generar una verdadera cultura incrustada en las propias instituciones. Contar con el laboratorio nos permitirá avanzar, desde algunos casos de éxito aislados, hacia los aprendizajes colectivos sistematizados.
En esta política es clave el papel del mundo privado y la sociedad civil: la participación de emprendedores y usuarios es fundamental para que las ideas que buscan resolver problemas públicos puedan alcanzar un impacto significativo.
Creemos que esta política podrá contribuir de manera directa a la eficiencia del sector público y la calidad de los servicios que el Estado brinda a las personas. Pero también, de manera indirecta pero no menos importante, a la productividad de nuestra economía, el fortalecimiento de la participación y la democracia, y la creación de una sociedad que entregue cada vez más bienestar a sus ciudadanos.
