Gratuidad y desaceleración: el chantaje de los que nunca quisieron los cambios

La semana pasada partió con una inédita ofensiva de la Democracia Cristiana. Si ya se ha hecho costumbre que la falange se cuadre o busque acuerdo con la derecha para frenar total o parcialmente transformaciones exigidas con fuerza desde la calle -reforma tributaria; copago, lucro y selección; causales de aborto, entre otras-, hasta el momento no se habían atrevido a poner en duda la demanda tal vez más emblemática del movimiento social por la educación: la gratuidad universal.

Mucho se ha discutido sobre el “segundo tiempo” del ejecutivo. Tras los escándalos y casos de corrupción, tráfico de influencias, financiamiento ilegal de la política; descrédito en las instituciones políticas en general, y la ostensible baja en la aprobación de Michelle Bachelet, en particular, un sector del oficialismo ha acuñado la tesis de la “priorización”. Poner el pie en el freno, con el objetivo de “recuperar la confianza” de los empresarios en pos de la gobernabilidad.

En este cuadro, la derecha política y empresarial, junto a estos mismos sectores de la Nueva Mayoría, han recurrido majaderamente a la desaceleración de la economía como argumento para justificar sus posiciones. El argumento es simple y parece convincente: si hay menos crecimiento, el Estado recauda menos impuestos, y tiene menos holgura para financiar demandas urgentes como la educación gratuita. Con la sostenibilidad fiscal como principio fundamental, el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el pueblo pasa a segundo plano.

Los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, e Interior, Jorge Burgos, han hecho propia esta tesis. Más de una vez sus declaraciones han apuntado a tranquilizar a los empresarios, que estarían dejando de invertir a propósito de la incertidumbre.

En este contexto, son preocupantes las declaraciones de la presidenta Bachelet a fines de la semana pasada, donde afirmó que la gratuidad en la educación su cumplirá “en la medida que haya crecimiento”. Si esto implica relativizar la urgencia en el cumplimiento de esta demanda, comprometida  con Chile, significaría un grave error de un gobierno que pretende recuperar la adhesión de la mayoría.

El argumento del crecimiento se presenta como un chantaje que no estamos dispuestos a aceptar. Porque es falaz. El principio fundamental de las finanzas públicas es que gastos permanentes deben estar en equilibrio con ingresos permanentes. No es adecuado, por ejemplo, financiar un programa social con la venta de un inmueble: cuando se terminen los recursos provenientes de esa transacción, no habrá con qué financiar el programa social.

Siguiendo la misma analogía, si ese programa se financiara con el arriendo del inmueble, si sería sustentable, puesto que éste sería un ingreso con una temporalidad de carácter indefinida.

Siguiendo este principio, el presupuesto del Estado se determina siguiendo una regla de balance estructural donde los gastos responden a una proyección de ingreso estructural determinada por un panel de expertos, que estiman entre otros el precio del cobre e ingresos tributarios de “largo plazo”, dejando de lado los componentes cíclicos. Por eso, durante el boom del cobre,  gran parte de sus excedentes fueron a parar a fondos soberanos situados en el extranjero. Asimismo, durante la crisis subprime del año 2008, el gobierno echó mano a parte de éstos fondos para no reducir sino que, por el contrario, aumentar el gasto en el período de vacas flacas.

El Ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, flamante doctor en economía del MIT, bien conoce este principio y su aplicación para Chile.

¿Por qué en este momento vamos a actuar distinto? La desaceleración, como todo fenómeno relacionado al crecimiento económico, es de carácter cíclico. Va a pasar. Si en cada uno de éstos episodios se pusiera en tela de juicio el presupuesto completo, no podría haber políticas de Estado.

Distinto sería reconocer que los recursos permanentes no están. Si la cocina de Zaldívar nos dejó como saldo una reforma tributaria insuficiente, los responsables no son los estudiantes ni la ciudadanía, sino los que avalaron ese acuerdo, partiendo por el propio senador y por el Ministerio de Hacienda. Y, en consecuencia, tendrán que rectificar su error, mediante un ajuste tributario u otro mecanismo que asegure el financiamiento permanente y no implique cuestionar el reconocimiento de la educación como derecho.

Despejada la desaceleración como una excusa, volvemos al inicio de la discusión, que es de carácter político. Frente a la coyuntura actual, el gobierno se ubica frente a una encrucijada. ¿Cederá ante las presiones de los defensores de status quo? ¿Echará pie atrás a la promesa de la gratuidad universal, cerrando la puerta a la demanda de la gran mayoría de los chilenos? ¿Creerá que de esa manera podrá recuperar la conducción?

La respuesta, por supuesto, es negativa. Los que llevamos años movilizándonos por superar el Chile de la dictadura no vamos a caer ante el chantaje de los que ahora se escudan en la situación económica para frenar reformas que no tuvieron problema en comprometer cuando necesitaban los votos para ser electos.

El país tiene los recursos para financiar la educación gratuita, como parte de una reforma profunda a la educación superior. Así lo demuestran países más pobres como Ecuador y Bolivia. El problema es de voluntad y prioridades políticas. Los estudiantes no tendremos problemas en salir a la calle a recordarlo, cuantas veces sea necesario.