Fortalecer las Universidades Estatales es potenciar la Educación Pública

Durante las últimas semanas los estudiantes universitarios a lo largo de Chile nos hemos mantenido en estado de movilización por medio de paros o tomas de nuestras casas de estudios, en su mayoría producto de asuntos internos de cada casa de estudios. A pesar de ello, todos quienes nos hemos movilizado estos años, sabemos que estos problemas son consecuencia de las falencias estructurales de la educación superior.

La Universidad de Santiago lleva más de cinco semanas de paralización por demandas internas. Estas exigencias surgen como respuesta frente a la carencia de infraestructura para dar abasto al gran número de estudiantes que hoy alberga la casa de estudios, los cual desemboca en situaciones de hacinamiento en las aulas. Esta carencia es producto del evidente abandono por parte del Estado hacia sus universidades y lanzándolas a la competencia mercantil vía autofinanciamiento, el cual provoca una captura desproporcionada de estudiantes con tal de poder recibir ingresos frescos pero que sin una planificación se transforma en un ciclo constante de crisis.

Lo anterior, como muchos otros casos de Universidades Estatales, no es más que el reflejo del descuido del Estado con sus Universidades, sometidas a las lógicas de autofinanciamiento, donde el aporte estatal apenas llega al 20% en el mejor de los casos. Situación que  se ve agravada al constatar que Chile sólo destina un 0,4% del PIB a educación, el más bajo al nivel de la OCDE.

En esta misma línea, es que las universidades han debido recurrir a financiarse por medio de la demanda. Pero si bien la captación de nuevas matrículas ha significado mayores ingresos por medio de los aranceles, aquí se desprenden dos grandes problemas para las instituciones y que competen a todo el sistema de educación de un país: el desregulado aumento de la matrícula, que carece de planificación, podría traducirse en pocos años más en un contingente de cesantes ilustrados sin cabida para su desarrollo profesional, lo cual además sepulta todo sentido de creación de conocimiento al interior de las Universidades, enfocando su labor en una gran medida en la captación desproporcionada de matricular para su subsistencia en el sistema educativo.

En la última cuenta pública del gobierno se hizo referencia a la promesa de gratuidad en la educación superior, lo cual fue anunciado sin entregar mayor claridad sobre los criterios de asignación ni los mecanismos de financiamiento. Sin embargo, según lo que se señaló anteriormente, resultaría pertinente que el financiamiento correspondiente al año 2016 se destine prioritariamente a las Universidades del Estado.

Esto no solo significa emparejar la cancha en el campo de la educación, sino que sería un claro gesto en torno a reorientar el sentido desvirtuado que han tomado las universidades para devolverlo al sitial que le corresponde de acuerdo a su rol público; es decir ser un aporte al desarrollo del país, vinculadas dentro de un plan nacional, que permita que estas sean un aporte al desarrollo tecnológico y a la creación de conocimiento. En definitiva, que sea un motor de transformación que proponga mejoras sustanciales para la sociedad en su conjunto.

Son las instituciones de propiedad estatal, es decir de todos los chilenos, las que debiesen cumplir un rol estratégico y articulador del sistema de educación superior. La educación se entiende como un bien público porque los productos que genera -la instrucción profesional, la movilidad social y la generación de capital humano- resultan en un mayor beneficio para la sociedad como colectivo que para el individuo sometido a la profesionalización.

De esta forma debe ser compromiso del gobierno, tal como acuñó en su programa, la aplicación de esta gratuidad. A pesar de que ya sectores de la Nueva Mayoría, ligados a la DC y a la denominada “vieja guardia de la ex Concertación” que hacen eco de las proclamas apocalípticas de la derecha sobre la desaceleración, han manifestado la necesidad de “priorización” de las reformas.

Creemos que lo anterior sería un retroceso enorme para una demanda que ha sido reconocida por amplios sectores como justa y necesaria, la que ha sacudido a Chile por años y ha calado profundamente en la sociedad chilena. Por tanto el gobierno, si de verdad tuvo en algún momento la intención de avanzar en torno a la superación de las profundas desigualdades que han afectado a nuestro país, debería acceder a potenciar a las Universidades estatales en el marco del fortalecimiento de la educación pública, las que al ser propiedad de todos los chilenos deben ser el principal eje articulador de un nuevo sistema de educación superior, lo que significaría que de esta forma lo estatal debiera funcionar como ejemplo para el resto de las universidades y otras instituciones de educación superior.

A la par, es necesario que el movimiento estudiantil se atreva y sepa jugar este partido en la cancha donde se disputará esta histórica contienda. La gratuidad para el 2016 se verá por medio de la discusión parlamentaria y a través de la Ley de Presupuesto. Si bien las dirigencias del CONFECH han carecido hasta ahora de capacidad para dar dirección y encontrar soluciones concretas para incidir en reales transformaciones, se requiere superar ese estancamiento y con alturas de miras salir a disputar la tan anhelada gratuidad.