Un mal gobierno

Por lo anterior es bueno recordar por qué estamos en la situación de postración que vive Chile y si tal “realismo sin renuncia” es la solución o al contrario, no es más que un eslogan sin contenido real.

Al gobierno de la Presidenta Bachelet lo podemos calificar sin mayor vacilación como un gobierno mediocre. Son diversos los indicadores en distintas áreas que nos llevan a pensar en esa línea.

En primer lugar, por las reformas. Este gobierno se ha caracterizado por intentar avanzar en tres: la tributaria, la educacional y la laboral. No está de más agregar que son las con mayor contenido ideológico. En estas tres políticas podemos identificar elementos comunes, como por ejemplo la improvisación, su mal diseño y su impopularidad. Pero veamos caso a caso.

La reforma tributaria fue el primer caballo de batalla del gobierno, que empezó con profundos problemas técnicos, a tal punto que todos los Ministros de Hacienda de los últimos gobiernos la rechazaban (con excepción de Nicolás Eyzaguirre, por razones obvias). Sin embargo aquí ocurrió uno de los mayores errores de la oposición: negociar y aprobar esta reforma perjudicial para miles de chilenos. Alberto Arenas, el ex Ministro de la cartera, en una famosa declaración señaló que la ciudadanía debía evaluarlo por sus resultados. El resultado es que ya no es ministro y que la economía del país está peor que hace un año.

El manejo del gobierno en esta materia ha sido lamentable: el crecimiento está por el suelo; el déficit fiscal va en 12.000 millones de dólares, algo así como dos reformas tributarias; el desempleo ha aumentado y perjudicado principalmente a las mujeres; la inflación está al alza; la inversión y el consumo privado están en su peor nivel desde hace muchos años.

En educación no hay mejores noticias. La reforma escolar que ponía fin al lucro, al copago y a la selección, no resultó ser más que una política basada netamente en la ideología y alejada de la calidad y de lo que viven día a día las familias chilenas. Dicha reforma buscó impedir o limitar el derecho de los padres a elegir la educación que quieran para sus hijos y la respuesta fue categórica, con padres manifestándose en contra y con una amplio rechazo en las encuestas. A tal punto estaba mal hecha que se le introdujeron más de cien modificaciones desde la misma coalición de gobierno, algo pocas veces visto.

Es más, el gobierno se vio en la obligación de aprobarla en enero y aprovechar las vacaciones para que la oposición social de los padres no impidiera el proyecto. Lamentablemente esta jugada política le resultó a la administración y el costo lo pagarán las millones de familias que verán limitado su derecho a escoger el colegio que quieran tan solo porque no pueden pagar uno privado.

Si miramos indicadores como la calidad, los resultados son preocupantes: el Simce de lectura tuvo la más importante baja desde su aplicación, lo que se puede deber a muchos factores metodológicos. Sin embargo lo claro es que la brecha entre el grupo socioeconómico alto y bajo aumentó. Probablemente esto se debe a que mientras se tramitaba la reforma escolar, los estudiantes, sus colegios y familias estuvieron preocupados de defender sus establecimientos en vez de estar preocupados de mejorar sus resultados académicos.

A lo anterior se le suma la nefasta idea de eliminar el Simce de lectura de segundo básico, por lo cual solo nos enteraremos si un niño sabe o no sabe leer a los 9 años, edad en la cual difícilmente se podrá revertir todo lo que dejó de aprender.

Todos sabemos que la clave en la educación está en las edades iniciales y ahí debiéramos poner nuestros mayores esfuerzos. Sin embargo, el gobierno parece ignorar esta realidad, por eso en vez de trabajar por la educación inicial decidió dedicarse a la gratuidad en la educación superior.

En este espacio nos hemos referido en un par de ocasiones a lo malo que sería para el país la gratuidad universal en educación superior, pues es regresiva y desconoce las necesidades reales de nuestros compatriotas. Si bien el gobierno prefirió partir por el 60% de los alumnos más vulnerables, excluyó en su propuesta a todos aquellos estudiantes que asisten a instituciones que al Estado no le gustan, como las universidades privadas y los CFT e IP que tienen fines de lucro, independientemente de su calidad.

Lo anterior constituye nuevamente un ataque a la libertad de los estudiantes más vulnerables y sus familias, porque el Estado no está discriminando a las instituciones, lo que está diciendo es que ese alumno que lo necesita solo puede escoger las instituciones que el Estado decidió que él podría asistir. Una discriminación injusta por donde se le mire.

A las reformas se les suman otros factores que han sido lamentables, como que la encuesta Casen la dieron a conocer con más de medio año de retraso, el último día en que podían hacerlo, un sábado a la hora de almuerzo y en vacaciones, ya que la CEPAL daría a conocer los resultados el lunes siguiente. Pareciera ser que fue una maniobra para que la ciudadanía no supiera que la pobreza en el gobierno pasado disminuyó notablemente, lo que habla de una profunda mezquindad.

Otro tema derechamente abandonado por el gobierno ha sido el tema indígena, a tal punto que la Presidenta aún no visita la región para buscar una solución al conflicto y solo lo ha hecho por la erupción del volcán Villarrica y cuando fue de vacaciones a Caburgua.

Por último, no puedo dejar de mencionar lo ocurrido tras el aluvión en la región de Atacama. La respuesta del gobierno ha sido lenta y deficiente, a tal nivel que el propio Intendente de esa región señaló que sentía que el gobierno había abandonado la región. La crisis era tal, que a tres meses del aluvión aún eran 14.000 los alumnos que seguían sin clases porque la autoridad no había actuado de manera oportuna.

Ante la pregunta si el país va por un buen camino señalada en la Encuesta CADEM, un 65% de los encuestados cree que vamos por mal camino, lo que sin duda es una mala noticia para Chile y el gobierno debe hacerse responsable.

En esto no va a faltar el extremista que dirá que las reformas no han funcionado porque no se han aplicado de manera radical, otros dirán que el problema es que se han explicado de mala manera. El tema de fondo es otro, que los chilenos no queremos una apología de un sistema superado y queremos progresar firmes por el camino que hemos avanzado durante los últimos 25 años. Por supuesto que el país requiere reformas y mejoras, pero eso está lejos de significar que las soluciones las monopoliza un solo sector político como lamentablemente ha creído este mal gobierno.