Las inciertas consecuencias de la política de fomento forestal en Chile

“Cabe hacer notar que, a los impactos económicos y sociales favorables atribuidos al desarrollo forestal, se agrega el reconocimiento de su importancia como factor de mejoramiento de las condiciones ambientales, como se demuestra en aquellas regiones donde se cultivan bosques en suelos de aptitud forestal que estaban sin cubierta vegetal boscosa”.

Con estas palabras la presidenta Michelle Bachelet inició el proyecto de ley que extiende la bonificación establecida en el Decreto de Ley N° 701 (DL 701), sobre fomento forestal, ingresado el pasado 20 de mayo al Congreso con el objetivo de aprobar una prórroga de este beneficio hasta el año 2018, y que actualmente se encuentra en trámite legislativo. Frente a estas palabra de la Presidenta cabe preguntarse, ¿cuáles son las “externalidades positivas” o beneficios a los cuales alude?

Actualmente la industria forestal representa la segunda actividad económica más importante para nuestra economía, con exportaciones que durante 2014 alcanzaron la cifra récord de 6.094 millones de dólares (sólo superada por la minería), y que le han permitido posicionarse al sector forestal chileno como un actor principal en el mercado mundial de la madera y sus derivados (celulosa, astillas, tableros, etc.)

A cuarenta años del Decreto de Ley N° 701, promulgado en 1974 por el entonces director ejecutivo de CONAF, Julio Ponce Lerou, consiste en un sistema de subsidios a los costos de forestación y administración de dichas plantaciones por un período de 20 años, con el objetivo de promover la inversión privada en el sector y así poder ampliar la oferta exportadora de nuestro país, como también promover la reforestación de suelos de aptitud forestal con el objetivo de protegerlos de un eventual riesgo de erosión.

Entre los años 1974 y 1997, año previo a su primera modificación, el Estado entregó 369 millones de dólares por concepto de bonificaciones bajo el DL 701, de los cuales el 95% fueron beneficiarios grandes y medianos productores forestales. Esto ha generado el desarrollo de un marcado proceso de concentración económica, donde destacan empresas como Arauco S.A. propiedad del grupo Angelini y CMPC controlada por el grupo Matte, quienes han logrado posicionarse como empresas líderes en Latinoamérica y el mundo.

En el mes de mayo de 1998, y ante el término del período de 20 años de bonificaciones contemplados en el DL 701, se promulgó la Ley N° 19.561 mediante la cual se modificó dicho decreto con el objetivo de incorporar a pequeños propietarios al rubro forestal, estableciéndose así bonificaciones que iban desde el 50% para grandes productos hasta el 90% para pequeños productores forestales por un período de 15 años, lo que contemplaría una prorroga por un período de dos años. Durante este período, se observa que de los 476 millones de dólares entregados por el Estado, más del 50 % de estos recursos fueron captados por medianos y grandes productores de la industria.

Actualmente existen sospechas fundadas que tras cuatro décadas de vigencia del DL 701 en nuestro país, no todos los efectos de dicha política han impactado de forma positiva a las comunidades aledañas a los predios forestales. Es así como se observa la grave crisis hídrica que afecta a numerosas poblaciones, como también los altos índices de pobreza asociados a aquellas comunas que presentan una mayor presencia de plantaciones forestales.

El establecimiento de plantaciones forestales se ha concentrado mayoritariamente entre las regiones VII y IX, y ha contemplado casi exclusivamente el cultivo de especies de pino y eucaliptus, los que, por su origen asociado a climas de tipo lluvioso, presentan una demanda hídrica mayor que las especies nativas.

Esto explica el grave proceso de disminución de las napas subterráneas de agua, como también el agotamiento de vertientes y cursos de agua superficial, lo cual ha obligado a muchos campesinos a abandonar sus actividades agrícolas y abastecerse de agua potable mediante camiones aljibes para así poder satisfacer sus necesidades básicas.

Por otra parte, resultan preocupantes los altos niveles de pobreza que se observan precisamente en aquellas comunas asociadas a una mayor presencia de plantaciones forestales, lo cual sugiere que dicha industria no está aportando de manera real al bienestar  y desarrollo de las comunidades locales, ante lo cual cabe preguntarse si resulta pertinente continuar con una política de bonificaciones al sector forestal que ha significado el desembolso de 845 millones de dólares por parte del Estado.

Actualmente no existen estudios que permitan determinar los verdaderos impactos que ha tenido el DL 701 sobre la calidad de vida de las comunidades aledañas -de allí que sorprendan las palabras de la presidenta Bachelet a la hora de elogiar los supuestos beneficios que ha traído la industria forestal a la población-. Es por esto que urge un compromiso claro de parte de las autoridades con el fin de evaluar los distintos impactos que esta ha generado en la zona, y de paso desarrollar una política forestal que, de la mano de una legislación adecuada, permita desarrollar una industria acorde al medio en el cuál se inserta, tomando en consideración aspectos culturales, ambientales y socioeconómicos, con el objetivo de transitar desde una industria intensiva en la explotación de recursos naturales, a una con visión ecosistémica, capaz de conjugar intereses, necesidades y conservación,  abriendo así el camino de un desarrollo verdaderamente sustentable.