La política chilena se desangra gota a gota
Desde que se destapó el caso Penta quedó al descubierto una práctica de financiamiento de las campañas políticas al margen de la ley . Los casos que se conocieron adquirieron enorme notoriedad pública y , como ellos afectaban mayoritariamente a un sector, la situación se usó políticamente para desacreditar a los adversarios. Muchos rasgaron vestiduras, en circunstancias que el mundo político no desconocía de que se trataba de una práctica generalizada, la que se usó profusamente antes de la ley que reguló las campañas el año 2003.
Mariana Aylwin es Profesora de origen, política por vocación y a mucha honra. Directora Corporación Educacional Aprender.
Esa práctica se siguió usando posterior a la promulgación de dicha ley. Esto quedó en evidencia cuando el hilo de Penta se extendió a SQM y luego a otras empresas. Todo parece indicar que la lista de políticos y empresas involucradas seguirá apareciendo en forma de gota a gota y ,de paso, salpicando de capitán a paje como ya ha ocurrido.
A estas alturas, la opinión pública tiene claro, lo que ya se sabía en el mundo empresarial y político: que muchas campañas (tal vez la mayoría) recurrieron a financiamiento extra legal, aunque no se haya hecho un reconocimiento de ello. Al contrario, la culpa ha caído sobre los “recaudadores”, personas vinculadas al mundo empresarial o los candidatos que dejaron huellas, al solicitar recursos para sus propias campañas o para otros candidatos, por la vía de donaciones reservadas o de boletas por trabajos no realizados. No parece justo que los más complicados sean quienes gestionaron las solicitudes de recursos, como el señor Martelli o el señor Rosenblut y que ellos paguen solos, el costo.
¿Alguien puede creer que un senador como Guido Girardi haya recibido las donaciones reservadas más altas provenientes de empresas sin que haya solicitado personalmente o a través de otros esos recursos? ¿Alguien puede creer que las empresas donan por iniciativa propia a las campañas?
Pero el problema es más grave: las denuncias pueden extenderse como una sangría – no ya para la desprestigiada clase política, sino para nuestro sistema democrático- si dejamos que su solución sólo se reduzca al popular “caiga quien caiga”. No se trata de delimitar el ejercicio de la justicia para todo aquello que constituya un ilícito, en especial, la investigación de casos que podrían encubrir cohecho. Se trata de tener también el coraje de abordar un acuerdo político, reconocer esta práctica generalizada, hacer un mea culpa y buscar una solución legal que acote las investigaciones. De lo contrario, no quedará títere con cabeza , con o sin responsabilidad, puesto que muchos casos pueden ser presunciones infundadas y se mantendrá una herida que desangra nuestra institucionalidad ahondando aún más la desconfianza ciudadana. Uso la palabra coraje porque, por cierto, se trata de una propuesta impopular, pero a mí juicio debe hacerse de cara al país, para evitar un mal mayor.
Estuve en Londres y Edimburgo los días anteriores a la última elección del Parlamento que se suponía, sería, una competencia muy estrecha. La diferencia con nuestros procesos eleccionarios en el uso de propaganda es simplemente abismante. Las campañas políticas chilenas son millonarias, con una ley que no responde a criterios razonables ni para que los ciudadanos se informen, ni para que los postulantes puedan hacer sus planteamientos.
Además, es una competencia desigual, entre quienes pueden acceder al financiamiento de las grandes empresas y quienes no pueden hacerlo. Peor aún es que las empresas se sientan obligadas a apoyar a todos para resguardarse, o elijan a algunos sobre los cuales podrían incidir. Por eso es tan importante crear un nuevo sistema de financiamiento de la política y es tan preocupante que el tema se aborde sin la urgencia que tiene.
