Crisis en Siria: la urgente necesidad de una ley migratoria en Chile
El gobierno de Chile anunció recientemente que ha iniciado la revisión de los antecedentes necesarios para acoger a la brevedad a un grupo de familias sirias que buscan refugio. Asimismo, la Cancillería está adoptando las medidas necesarias para facilitar y acelerar la tramitación de visas a los ciudadanos sirios que lo han solicitado. Sin dudas, una decisión que debemos celebrar. Es la forma que ha encontrado el Estado chileno de hacer un aporte para aliviar el sufrimiento de, aunque sea, un grupo pequeño de personas que han sido afectadas por la el conflicto armado en Siria.
Delfina Lawson es Abogada de la Universidad de Buenos Aires, especializada en derecho internacional público. Profesora a cargo de la Clínica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la misma universidad. Trabajó durante siete años en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados como Asociada de Protección, en la oficina nacional para Chile y en la oficina regional para el Sur de América Latina.
Sin embargo, hoy la tragedia nos obliga a mirar más allá de la contingencia y de la emergencia, y pensar en una respuesta más sostenible y comprehensiva para hacer frente al desplazamiento de personas.
Todos los días, miles de personas en el mundo huyen de sus países de residencia por diversos motivos. La mayoría de las causas se relacionan con la vulneración de derechos: pobreza estructural, desigualdad, discriminación, violencia basada en género, conflicto armado, amenazas, violencia generalizada, violaciones a sus derechos humanos, entre otras razones. Independientemente del nombre que se les asigne, todas ellas comparten los mismos objetivos: sobrevivir y encontrar protección. Sólo un pequeño porcentaje logra llegar a Europa o a Estados Unidos, mientras que la mayoría de estas personas se desplazan internamente dentro de sus propios países (desplazados internos) o se trasladan hacia los países vecinos (migración sur-sur). Todas tienen derecho a que se les respete su dignidad y que se les garanticen sus derechos humanos.
En Chile residen 1.833 personas reconocidas como refugiadas (Fuente: Departamento de Extranjería y Migración, junio 2015), y existe un número importante de solicitantes de asilo. Todas ellas se encuentran protegidas y sus derechos garantizados a través de la Ley 20.430 promulgada en el año 2010. Asimismo, residen en el país cerca de 480.000 migrantes. En su mayoría, tanto éstos como los refugiados provienen de países de América Latina. Dentro de este grupo de personas, hay quienes, pese a escapar de alguna situación de persecución o de violencia como las descritas anteriormente, deciden no acogerse a la protección que otorga el estatuto de refugiado, y prefieren regularizar su situación migratoria a través de las normas que rigen para los extranjeros en general.
Chile no tiene un marco normativo adecuado para hacer frente a las migraciones. Rige un decreto ley del año 1975, cuyo enfoque es la seguridad nacional y la desconfianza en el extranjero. Una norma que no se adecúa a los estándares de la región, que no incorpora una perspectiva de derechos y que bajo ninguna óptica puede servir para dar una mínima respuesta a las necesidades de la población que se desplaza en el mundo por un sinfín de motivos. Un decreto ley que tiende a fomentar la irregularidad migratoria y la precarización laboral de los migrantes.
Dicen quienes saben, que la caridad bien entendida empieza por casa, entonces a la luz de los hechos, no queda otra alternativa que concluir que es necesario hoy más que nunca reformar la política migratoria con urgencia y adoptar una nueva ley de migraciones, para que junto con la ley Nº20.430 de protección de refugiados, aseguren los derechos de las personas que se desplazan por el mundo y llegan hasta Chile.
Por un error técnico, en un primer momento esta columna fue publicada con el nombre de otro autor. La situación fue solucionada.
