Rajevic y la polémica: el Contralor no debe ser de confianza del gobierno

Ramiro Mendoza, tal como lo manda la ley, estuvo ocho años al mando del ente fiscalizador. Recientemente el gobierno, en la persona del ministro del Interior, ha elegido al abogado Enrique Rajevic para que asuma ese importante cargo, ello en la medida de que en los próximos días, 22 senadores de la República aprueben su nombramiento. Sabemos que hay oposición por parte de algunos a esa designación porque, entre otros motivos, no se llegó oportunamente a un grado de consenso.

Hemos tomado conocimiento que el competente profesional Rajevic se vio afectado por una demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) porque tuvo un problema con una beca para estudiar en una de las tantas universidades que hay en España y que en la actualidad tiene contratos de asesorías con distintas dependencias del gobierno, lo cual podría configurar un conflicto de interés. El asunto del CDE fue resuelto por prescripción y porque el ex becario, fuera de plazo, cumplió con la exigencia contenida en la regulación de la misma.

Soy acérrimo partidario de que el cargo de Contralor sea asumido por un abogado independiente, sin tachas de ninguna especie y comprometido 100% con la probidad y transparencia, para que así la Contraloría haciendo valer su autonomía pueda ejercer una correcta fiscalización a los distintos servicios de la Administración del Estado.

Rajevic es afín a la DC, lo cual no es criticable, pero es un hombre del actual gobierno que se desempeña como asesor del Minvu y por ello soy contrario a su nombramiento. Estimo que el nuevo Contralor debe provenir necesariamente de la propia Contraloría General de la República, ello en razón a que en estos tumultuosos tiempos de tanta corrupción su próximo titular no debe tener relaciones de ninguna especie con el aparato del Estado.

La manera más efectiva para que la Contraloría ejerza sin ataduras su función fiscalizadora es respetándose la carrera funcionaria y en tal sentido las dos actuales máximas autoridades, Patricia Arriagada y Osvaldo Vargas, titular interina y Jefe de Infraestructura y Regulación, respectivamente, son competentes abogados que están en condiciones de asumir la titularidad del cargo de Contralor.

Al interior de la Contraloría hay otros tantos abogados que cumplen a cabalidad los requisitos para dirigirla y en el Palacio de La Moneda tienen todos sus antecedentes. Nuestro planteamiento ciudadano de fondo es que esa autoridad, en un Estado Democrático de Derecho, bajo ninguna circunstancia puede ser de confianza del gobierno de turno.

La transparencia, de la que tanto se habla, exige que sean inspeccionadas regularmente todas las dependencias públicas y para que los resultados sean eficaces, el fiscalizador no puede ser dependiente del fiscalizado y esto lo sabe mejor que nadie la máxima autoridad del país y por ello sostenemos que estamos ante el riesgo latente de que la Contraloría se transforme en un servicio más del poder ejecutivo.

En tal sentido sería necesario que el Consejo Asesor Presidencial contra la corrupción, tráficos de influencia y otras malas prácticas, que presidió el economista Eduardo Engel, emitiera un juicio al respecto.

Chile pertenece a la conspicua OCDE y se vanagloria de ello y en esta línea majaderamente señalamos que la Contraloría debe mantener su separación absoluta del gobierno pues así se podrá garantizar que ejercerá sin ataduras su rol para que siempre las cosas se hagan de acuerdo al derecho. El nuevo contralor y todos los siguientes tienen que ser refractarios a escuchar rogativas y/o peticiones de quienes ejercen, desde las altas esferas, el poder político. Por lo dicho, se justifica plenamente el título asignado a esta columna de opinión.