“El que paga las mentas baila con las minas”

La llamada ley de inclusión que el año 2016 sumará a unos 400 establecimientos privados que cobraban financiamiento compartido a la gratuidad, sigue siendo rechazada por la mayoría de los chilenos y, el anunciado inicio de la gratuidad para 200 mil jóvenes el año 2016 vía glosa presupuestaria, tampoco parece suscitar el apoyo imaginado considerando que se trata de un beneficio tan importante para aliviar el presupuesto familiar.

¿Qué hay detrás de este fenómeno?

Se equivoca la Presidenta si cree que un muro de desinformación está impidiendo ese respaldo. En el mundo conectado de hoy, no hay muro –intencionado o no- que no pueda ser sobrepasado por las redes sociales y la comunicación virtual. Inquieta la incapacidad del gobierno para identificar los factores que están detrás del 70% de rechazo que mantiene pertinazmente y su obstinación por no hacerse cargo, prefiriendo echarle la culpa al empedrado.

Son muchas las voces que dan cuenta de una ciudadanía altamente informada y crítica, que tiene dudas acerca de que las reformas que se están implementando para lograr el objetivo de igualdad que persiguen, sean las adecuadas para ello. De hecho, comparten el descarnado diagnóstico del Ministro Eyzaguirre en su comentada entrevista, respecto a la improvisación de las reformas. Los argumentos del gobierno no han convencido y se percibe que responden más a ideologías y consignas, que a las necesidades reales de la gente.

La guinda de la torta es la forma cómo se ha presentado la gratuidad para la educación superior, para ser discutida en dos meses a través de una glosa presupuestaria. El Ministerio de Educación ha tenido que desdecirse varias veces; el Ministerio de Hacienda aún no tiene las simulaciones para garantizar que los recursos que el Estado pondrá no generarán déficit en las instituciones beneficiadas. Tampoco sabemos si habrá recursos para continuar el año 2017, entre muchas otras incógnitas.

Las cosas no se han hecho bien, lo que da pie para pensar que se producirán consecuencias no deseadas y que, incluso, podría aumentar la segregación, en vez de disminuir y, empeorar la calidad, en vez de mejorar.

Pero hay otra consecuencia que ha tenido menos visibilidad que suscita la preocupación de muchos chilenos. Ésta tiene que ver con el aumento del control del Estado a través del financiamiento de la educación. En el sistema escolar, los aumentos de subvención para la gratuidad están amarrados a múltiples obligaciones contenidas en la ley y que están siendo reguladas en numerosos reglamentos (se habla de veinte), que aún no se conocen y que serán vigilados por funcionarios estatales.

En el caso de la educación superior, la gratuidad va ligada a requisitos que el Estado pone, tales como regulación de aranceles, límites a las matrículas, exigencias al sistema de gobierno. Estas son las que se plantean ahora, luego podrán ser otras ¿Se garantizará la autonomía de las instituciones y su diversidad? El punto es que quien financia, pone también las reglas del juego.

He usado para esta columna el mismo título de un notable artículo que escribiera la historiadora Sol Serrano en la Revista Hoy, en tiempos de la dictadura. Aunque la frase no sea muy fina, es una manera popular de decir que el que pone la plata es quien decide. Para quienes creemos en el principio de subsidiariedad y valoramos la participación del sector privado, de las comunidades y las familias en la vida social, especialmente en la educación, es un tema necesario de debatir abiertamente y despejar la duda de si, detrás de la gratuidad como se está planteando, está también el intento no expresado pero deseado, de que el Estado tenga el control de la educación y el sector privado termine debilitado.