Políticas anti delincuencia: prioridad nacional

En los últimos dos gobiernos hemos duplicado la inversión en seguridad, alcanzando un monto cercano a los 2 mil millones de pesos. Sin embargo, según la última encuesta Adimark publicada el 15 de septiembre un 92% desaprueba el cómo se ha manejado el tema de la delincuencia y sólo un 6% lo aprueba. ¿A qué se debe? Es, probablemente, porque se utiliza el dinero en acciones que repercuten poco o nada en materia de seguridad. Se reacciona ante los delitos en vez de anticiparlos, se desconocen las redes que puedan existir detrás de cada detenido y no se está previniendo, ni mucho menos rehabilitando a los delincuentes, puesto que sólo 1 de cada 10 pesos invertidos en delincuencia se destinan a la prevención o a programas de reinserción. Tenemos que saber que hay delincuentes menos riesgosos que otros, en los cuales un proceso de rehabilitación podría ser muy positivo y con muy buenos resultados; dejando las cárceles para los criminales de mayor riesgo, reincidentes o que carguen con penas elevadas.

Por otro lado, no se conoce la eficacia de los programas utilizados por Carabineros. No es posible que en una de las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía en nuestro país no existan mecanismos que permitan transparentar su trabajo. Según un estudio realizado por el Centro de Estudios del Desarrollo hoy tenemos cerca de 50.000 carabineros, cifra que ha venido en aumento durante los últimos años, pero a pesar de eso la situación no ha mejorado; los índices de victimización y los intentos de robo son de los más altos de los últimos años.

La evidencia con la que cuenta la Fundación Paz Ciudadana muestra que existen patrones delictivos. A cierta hora se comete tal tipo de delito en determinado lugar. Eso es así aquí y en todos los países del mundo. Nuestras policías deben conocer cuáles son los “puntos calientes” donde se cometen los delitos para ejercer eficientemente sus labores.

También es necesaria la existencia de un banco unificado de datos para que nuestros uniformados puedan saber en línea cuántos prófugos de la justicia tenemos (cuestión que actualmente ni siquiera sabemos con exactitud), si ha cometido delitos o no una persona mediante un control de identidad, etc. Según cifras de Carabineros el año pasado se realizaron 1,8 millones de controles de identidad, pero en circunstancias en que no existe una información clara al respecto, es poco lo que se puede hacer. La unificación de datos permitiría una mayor comunicación entre las distintas instituciones que son parte de resguardar la seguridad en Chile.

Por último, si queremos avanzar en materia de seguridad tenemos que dejar de pensar en las agendas cortas como si fueran la mejor solución, favoreciendo políticas de largo plazo que permitan que cada gobierno dé sus énfasis, pero que no se desvíen de la línea general en la que está fundamentada. Se debe llegar a acuerdos que permitan combatir eficientemente la delincuencia, para no tener que estar discutiendo en cada gobierno cuáles deberían ser las estrategias a utilizar, ya que una política que tenga un impacto real no es posible de realizar en cuatro años. Una vez formulado un programa sólido anti delincuencia y con vistas en el largo plazo, podremos esperar que el Estado cumpla con uno de sus principales objetivos: proteger a los ciudadanos.