Las falencias de la ONEMI y la necesidad de un protocolo para emergencias

Resulta lamentable asumir que nuestra Oficina Nacional de Emergencia no sólo no ha sido capaz de articular a distintos organismos interesados en trabajar por la recuperación de la región de Coquimbo, que se suma a las ya azotadas por catástrofes en los últimos meses, sino que objetivamente tampoco ha podido cumplir con su propio deber de la manera en que la sociedad y las familias involucradas lo requieren.

Sólo basta con comparar su actuar con el pasado aluvión de marzo en la Región de Atacama. Al 21 de mayo, TECHO-Chile junto a las Fuerzas Armadas ya llevaba construidas 574 casas en Los Loros, Chañaral, Diego de Almagro, Tierra Amarilla y El Salado, donde todas esperaban la instalación de servicios básicos a cargo del gobierno, mientras que en el sector de Copiapó, cuya responsabilidad en común acuerdo había quedado asignada a la ONEMI, aún no se completaban las 30 viviendas de igual complejidad.

Pareciera justo dejar fuera del proceso de reconstrucción a quienes no son capaces de trabajar acorde a estándares mínimos de calidad y rapidez, considerando la urgencia de las familias por recuperar las escuelas utilizadas como albergues y retomar su trabajo, para no seguir perdiendo más que lo que la misma catástrofe ya les quitó. Bajo esa argumentación, debemos celebrar la iniciativa del Gobierno de mejorar el estándar de las

Viviendas, siempre y cuando esto no ralentice de sobremanera la reactivación de las comunidades afectadas. Pero lo que olvida el Subsecretario Aleuy es que su comparación de mejores casas, las realiza con las levantadas para el terremoto de Iquique o el incendio en Valparaíso durante el 2014 y no con las del pasado aluvión del 25 de marzo, donde la decisión de mejorar las casas, ampliándolas e incluyéndoles baño y aislamiento ya se había adquirido.

Cuánto nos gustaría que estas viviendas fueran de tan elevada calidad que su complejidad constructiva exigiera sólo la participación de expertos. Pero el buen estado de las 664 casas de igual nivel que las que construirán ahora, levantadas por jóvenes voluntarios y las Fuerzas Armadas entre abril y junio en la Región de Atacama, demuestra justamente lo contrario.

Sin duda no debe ser fácil para el gobierno decidir con quién trabaja, ni menos considerar a voluntarios con los que, siendo sinceros, se corren riesgos al no tener un contrato que permita exigir logros y resultados. Pero considerando los escasos recursos y la falta de rapidez, quizás se debería recurrir a la confianza, al ágil y buen desempeño en experiencias pasadas, a las buenas relaciones que tuvo TECHO-Chile con la mayoría de los proveedores de estas viviendas de mejor calidad hace unos meses, al apoyo prestado a las municipalidades y familias en el levantamiento de encuestas y procesamiento de datos, y al compromiso histórico que ha tenido la institución con las familias vulnerables tanto en situaciones de emergencia como en las labores diarias que realiza a lo largo de Chile.

Bienvenidas sean las empresas y los expertos, pero bienvenida sea también la articulación y aprovechamiento de energías comunes por una misma causa, pues que no se le olvide a la ONEMI que la construcción de viviendas de emergencia no es su única responsabilidad: más importante aún es la elección de terreno, la instalación de servicios básicos y la posterior habilitación de viviendas definitivas que reemplacen éstas que no debiesen durar más de uno o dos años, entre otras tantas necesidades que recaen exclusivamente en ellos frente a una emergencia.

Por otra parte, sería injusto hablar de aprovechamiento o desconfiar de los gastos fiscales a priori. Sin embargo, saber más respecto de quiénes serán los beneficiados con los contratos para el levantamiento de viviendas mejoraría el proceso de reconstrucción y calmaría la tensión de los afectados que poco saben sobre las decisiones y acciones que se toman y que los afectan directamente. El hecho de que en Estados de Excepción se elimine la exigencia de licitación para gastos públicos hace necesaria la transparencia que tan bien le viene a tiempos de elevada desconfianza.

Si bien ésta siempre debiese exigirse, el hecho de que se aparte a quienes están dispuestos a hacer las mismas labores, o al menos parte importante de ellas, sin realizar cobro alguno, duplica la necesidad de rendir cuentas a la ciudadanía respecto a los métodos de asignación y la inversión realizada. 

Aquí no se trata de aumentar la popularidad de TECHO (de ser así esta denuncia se habría realizado en junio) ni de ganarse el beneplácito de la ciudadanía (de ser así los honores para las Fuerzas Armadas), se trata más bien de entender que un Estado que busca garantizar derechos, debe trabajar junto a la sociedad civil  y permitir la acción cuando ésta está dispuesta y puede hacerse cargo, siendo el encargado de articular estos esfuerzos.

Se trata también de asumir que aún no contamos con una institucionalidad para emergencias a la altura de lo que Chile requiere y, por lo mismo, de la necesidad de destinar algunos esfuerzos a la articulación de diferentes actores que permitirían agilizar de buena forma la reconstrucción. Se trata, al fin y al cabo, de dejar de reaccionar sin protocolos claros, de revivir los proyectos de ley que buscan normalizar la calidad de los barrios y viviendas de emergencia (Boletín N°9393-14)  establecer el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil (Boletín N°7550-06), además de discutir un plan de emergencia previo a éstas y no después, para que así prontamente seamos un país capaz de dar solución a las familias afectadas, con la experiencia suficiente para cooperar en el exterior dados los conocimientos país.