Mala decisión sobre el AFI
El aporte fiscal indirecto fue creado para aumentar la calidad en las instituciones de educación superior, sin importar si esta es tradicional o privada. Cada año se entrega el AFI a las universidades que reciben a los mejores 27.500 puntajes. Dicho monto no sólo permite nuevos ingresos a la institución, sino que también aporta un sinergismo académico, lo que sin duda contribuye en el mejoramiento de la calidad de la institución.
Nicolas Fernandez es Estudiante de Medicina y parte del equipo de investigación del Instituto ResPublica
Disminuir a la mitad el AFI para el próximo año, a dos meses de que termine el actual, demuestra una clara improvisación y falta de seriedad en materia de políticas públicas. Sin mencionar que deja en evidencia la inexistencia de financiamiento para implementar la gratuidad. Esta cuestión que ya había ido quedando clara durante el año con los constantes cambios que se han realizado al proyecto de ley.
Cuando los grandes planificadores centrales dicen que las universidades del CRUCH serán compensadas por otros mecanismos para que no se vean perjudicadas, demuestran una injusta discriminación a los estudiantes que hemos elegido una universidad privada que, por ideología, el Estado cree no debería existir. Con esto se nos sigue privando de acceder a los beneficios que entrega el Estado sólo por pertenecer a universidades privadas. Es absurdo que a nuestros gobernantes les preocupe más controlar el sistema educacional que la calidad de las instituciones. Hoy el Estado ya discrimina al no permitirnos acceder a los mismos mecanismos de financiamiento que a los alumnos que ingresan a las universidades pertenecientes al CRUCH, el fondo solidario es un ejemplo.
Por otro lado, no se puede permitir que las universidades pierdan su autonomía y que el Estado pretenda cambiar el proyecto educativo que hemos elegido. Es lógico pensar que el objetivo de esto es controlar a las universidades y que éstas tengan que negociar todos los años con los burócratas del Ministerio de Educación para poder acceder al financiamiento estatal. Pero eso no es todo. Todos sabemos que quien pone la plata también pone las reglas ¿Qué querrá el Estado con nuestras universidades? ¿Existe un interés real por mejorar la calidad? ¿O es más bien otro el objetivo?
En lo que a mi respecta, no estoy dispuesto a perder todo lo que mi universidad ha construido a lo largo de estos 26 años por falta de financiamiento. No me gustaría que se perdiera la Escuela de Liderazgo, el IPSUSS, el Instituto de Historia, el CEUSS, la Clínica Jurídica, los Centros de Salud, el Centro de Desarrollo Profesional y otros tantos por falta de autonomía y financiamiento. Sería una vergüenza que dichos organismos desaparecieran por que el Estado no quiere financiarlos.
Lo preocupante es que al parecer creen que no tenemos la capacidad o que no sabemos elegir, por eso quieren hacerlo por nosotros.
Por último, no hay que engañarse al creer que este proyecto de ley sólo busca pagarle la educación a aquellos que no pueden. Acá el objetivo es controlar la educación superior para manejarla a su antojo. Para eso, no cuenten conmigo.
