El gobierno entró en razón

En columna publicada el 24 de noviembre pasado en El Dínamo criticamos al gobierno central, porque el Seremi de Vivienda y Urbanismo, inexplicablemente desatendiendo su rol público, emitió una Resolución Exenta que era un traje a la medida de la empresa Cencosud, la que quería aprovecharse de la debilidad del Estado para sacar ventajas inmobiliarias construyendo más m2 que los permitidos en un terreno situado en la comuna de Vitacura, enfrente del mall Alto Las Condes.

En efecto, esa sociedad con fines de lucro, controlada con mano de hierro por el accionista Horst Paulmann, uno de los personajes más mediáticos y simpáticos, por su marcado acento germánico, del sector empresarial, hizo denodados esfuerzos para levantar un megamall con una inversión de US$ 500 millones porque disponía de un permiso de edificación cursado por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Vitacura en diciembre del año 2000.

Tal como lo dijimos en la mencionada columna de opinión, el permiso de marras estaba caducado por imperio de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), situación que la Fundación Defendamos la Ciudad se vio en la obligación de poner en conocimiento de la Contraloría General de la República, solicitándole la instrucción de un sumario administrativo en contra de ese Seremi.

Esa tentativa del funcionario público del Minvu, reflejada en su Resolución Exenta Nº 2945 del 13/11/15, fue anecdótica porque la Contraloría, con bastante anterioridad, acogiendo la denuncia del colectivo ciudadano, ya había resuelto que ese permiso de edificación había caducado y por lo tanto, como era su deber legal, la DOM de Vitacura había procedido a declarar la caducidad del mismo. Entre otras cosas, ese proyecto de mall contemplaba una torre de oficinas de 55 pisos de altura.

Ahora bien, recordemos que las comunas de Vitacura y de Lo Barnechea se escindieron en el año 1992 de la extensa comuna de Las Condes y sus primeros alcaldes, abogado Adolfo Ballas y arquitecto Eduardo Cuevas, respectivamente, ambos fallecidos, fueron nominados por el presidente Patricio Aylwin. En materias de construcción, mientras no existieron los correspondientes Planes Reguladores Comunales (PRC) las tramitaciones de los permisos de edificación se regían para sus distintos sectores por las normas urbanísticas vigentes en el PRC de Las Condes.

La municipalidad de Vitacura se tomó un largo período de tiempo para establecer su PRC, el que fue aprobado por su Concejo Municipal con Resolución Nº 59/99 del 7 de diciembre de 1999, instrumento normativo publicado el 30 de diciembre de 1999 en el Diario Oficial. En este PRC, como acontece en todos, se fijaron las reglas del juego en materias de normas de edificación, usos de suelo y tipos de vialidades.

A través del tiempo ese instrumento normativo ha sufrido varias modificaciones y podemos decir que en esa comuna, salvo algunos hechos aislados que la opinión pública conoce, las cosas se han manejado medianamente bien. El privado titular del aludido permiso del año 2000, quince años atrás, ¡ era qué no !, como buen hombre de negocios, se había acogido a las normas urbanísticas de Las Condes porque eran bastante más permisivas que las de Vitacura.

Cencosud en el año 2010 compró a su dueño original el terreno con el permiso incluido, suponiendo Paulmann, que el antiguo acto administrativo mantenía su vigencia y por ello pagó una alta suma de dinero -US$ 58 millones- pues así iba a levantar casi 270.000 m2 útiles. Lamentablemente para sus intereses comerciales Paulmann fue muy mal aconsejado por sus asesores inmobiliarios, quienes no sabían o no le dieron importancia a lo que indicaba el artículo 5.1.20 de la OGUC, vigente entre el 12/03/1997 y el 24/06/2001, conforme al Decreto Supremo Nº 173 del Minvu. Ese artículo decía que este tipo de permisos caducan automáticamente a los 3 años de concedidos, si no se hubieren iniciado las obras correspondientes o si estas hubieren permanecido paralizadas durante el mismo lapso.

Tal artículo 5.1.20 fue reemplazado el 25/06/2001 en la OGUC por el más explícito número 1.4.17 y Cencosud, con sus ineptos consejeros, hicieron triquiñuelas para aparentar que las faenas de construcción del mall se desarrollaban normalmente, ardid que la Contraloría rechazó de plano.

Pero, ¡oh grata sorpresa!, recientemente, el 25 de noviembre de 2015, ese Seremi, vía Resolución Exenta Nº 3052, se dirige a Cencosud y a la DOM de Vitacura, manifestando entre otras cosas lo siguiente : “que, de lo transcrito, queda claro que el Órgano Contralor ha estimado suficientes las actuaciones ya efectuadas por la DOM de Vitacura, respecto del Permiso de Edificación Nº 121/2000 para dar por constatada su caducidad” y enseguida expresa “que los informes jurídicos emitidos por la Contraloría General de la República son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización”. Como vemos, esa autoridad del gobierno central finalmente entró en razón y se sometió a la ley y al reglamento de Urbanismo y Construcciones.

Por lo relatado se evidencia que Paulmann intentaba levantar su tremendo mall con normas urbanísticas nunca existentes en Vitacura, lo que no sucederá debido al rol ejercido por la Contraloría y, por lo tanto, se deberá conformar con levantar otra edificación bastante más pequeña y por lo tanto menos invasiva, olvidándose de su pretendida torre de 55 pisos, la que ahora podría tener un máximo de 12 pisos, conforme lo manda el PRC de Vitacura para ese sector.