Cuando ellos estiran la mano: los políticos y la extorsión

Durante los últimos dos años han estallado en nuestro país varios escándalos relacionados con la vinculación entre dinero y política, siendo los principales: Penta y SQM. En todos ellos, los chilenos hemos centrado nuestra atención en los empresarios que pueden ir donde los políticos y entregarles dinero a cambio de quién sabe qué, pero no nos hemos preguntados acerca de la posibilidad de que sean los políticos quienes extorsionen a los empresarios, así como a los empleados públicos y otras instituciones, para obtener algo de ellos.

Este es un tema que debe preocupar a las democracias tanto como lo hacen los sobornos, y es que sus efectos son los mismos o mucho peores. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha denunciado que con el fin de obtener financiamiento de ciertos sectores, se ha detenido la tramitación de ciertos proyectos de ley, se han impulsado otros y se han endurecido regulaciones de ciertos mercados; en algunos países europeos, se acusa que a los funcionarios públicos se les exige contribuir con el partido de gobierno si desean mantener sus puestos, y en algunos países de Asía y América Latina, hay que hacer contribuciones para contar con protección policial, para que se haga cumplir una resolución judicial o para evitar una huelga.

En Chile, el poder de los políticos es inmenso y casi sin contrapesos; el presidente de la república controla prácticamente la totalidad del Poder Ejecutivo: designa a todos los ministros, subsecretarios, superintendentes, directores de servicios (entre ellos el de Impuestos Internos), a los embajadores, a los intendentes, gobernadores, además de a casi dos tercios de los empleados públicos gracias al mecanismo de la “contrata”; es decir controla el Estado y puede usarlo en contra de cualquiera que pretenda oponérsele. Por su parte, los parlamentarios tienen un poder más limitado, pero al estar al interior de la coalición de gobierno pueden aprobar las leyes o hacer lobby a favor o en contra de ciertos intereses.

Así, un empresario, al ser requerido por un político, de un conglomerado poderoso o que tenga chances de ser electo, para que le haga una contribución, tiene pocas formas de decirle que no. El no, puede significarle una fiscalización de Impuestos Internos, de alguna Superintendencia; un ataque desmedido del SERNAC o de la Inspección del Trabajo, o bien, y simplemente, la incapacidad de poder llevar a las autoridades de turno los problemas del sector al que pertenece. En este sentido, despierta sospechas que a pesar de los múltiples escándalos de financiamiento ilegal de campañas políticas, el SII se haya centrado, preferentemente, en un grupo empresarial que, coincidentemente, solo financió al devastado conglomerado opositor, y así podemos empezar a imaginarnos cuantas cosas se habrán hecho o dejado de hacer a cambio de algún “apoyo” forzado.

Para combatir la extorsión se debe reducir el poder de las autoridades. Una forma rápida de lograrlo es eliminar el sistema de contratas del sector público y reducir la cantidad de cargos de exclusiva confianza del presidente de la república, que hoy son más de 3.000 puestos; mientras que en Inglaterra son solo alrededor de 70, no teniendo ninguno tareas ejecutivas, y en Chile no necesitamos que el Director de Impuestos Internos, ni de la CNE, ni del SERNAC, ni mucho menos los superintendentes vengan de las trincheras de los partidos.

No está de más resaltar que debemos tener cuidado con el cambio constitucional. De él se ha dejado ver el deseo de impulsar reformas que aumenten el poder de los políticos, en desmedro de instituciones que, en cierto modo, escapan de su control: Tribunales de Justicia, Tribunal Constitucional, Banco Central y Contraloría; así como reducir la capacidad de una minoría para oponerse al oficialismo: eliminación de las leyes con quórums especiales. Y, si bien es cierto que estas protecciones pueden hacer los procesos políticos más lentos, también lo es que son las únicas formas de protegernos de la extorsión de que podríamos ser objeto.