Legislación electoral: no apuremos los procesos
El 23 de octubre será la elección municipal, o sea en alrededor de 10 meses, renovaremos la confianza de nuestras autoridades locales. Ese día, todos los partidos dirán que ganaron algo, pero acá no vengo a hacer un análisis electoral de este proceso, sino demostrar una preocupación que parece mantenerse al margen, pero que opera en lo medular de las reformas pro transparencia.
Ignacio Imas Arenas es Cientista Político, de la Universidad Alberto Hurtado, y Magíster en Comunicación de la Universidad Diego Portales y Universitat Pompeu Fabra. Se ha desempeñado como asesor en distintas áreas, con acento en lo comunicacional y electoral, a nivel público y privado.
Aún se encuentra en primer trámite constitucional, diversos proyectos de ley que tienen relación con la reforma a la Ley Orgánica de Partidos, Ley de Votaciones Populares, Ley de Gasto Electoral, Ley Orgánica de Municipalidades, y la Ley de Inscripciones y Servicio Electoral; muchas de estas deben tener alto quorum para ser modificadas, por lo que requiere una alta capacidad de concordancia entre los distintos parlamentarios. Estas modificaciones, tienen consecuencias para los diferentes pasos previos de la elección, por tanto, inclusive para el proceso eleccionario de primarias que está calendarizado para el 05 de junio, lo que complejiza aún más la urgencia de estos proyectos.
El consenso es rotundo, es de alta importancia legislar respecto a poner mayores estándares de transparencia y probidad en materias política; de no trabajar en esta materia, las consecuencias podrían ser nefastas para el Sistema Político, a nivel de confianza ya no solo en las instituciones, si no en la legitimidad de estas. No obstante esto, es mucho peor diseñar leyes modo “fast track”. Los problemas que se pueden generar con normas generadas bajo estas características, no consideran distintos factores. El primero, es saber si las instituciones como el Servicio Electoral, tiene la capacidad técnica, humana, y financiera, para llevar a la implementación de estas, sin considerar que existe aún la ley que fortalece al SERVEL, se encuentran en trámite. El segundo, la ciudadanía se encontrarán con nuevas reglas del juego, tanto en el periodo de propagan electoral, como el día de la elección. Si lo que buscamos son personas que se interesen más en “lo público”, no es recomendable modificar los ritos a los que nos encontramos acostumbrados. Y por último, los partidos y los candidatos(as), si bien el costo sería menor, la dinámica que se busca es muy diferente a la actual.
En una democracia moderna y consolidada como la nuestra, el cambio en las reglas del juego debería ser con una antelación mayor a la que nos podríamos enfrentar. Es complejo llevar a la práctica para la elección municipal, todas las modificaciones que actualmente se encuentra en el Congreso. Se entiende la idea de modificar el actual marco normativo, por las falencias que este tiene, pero tampoco podemos legislar “apurados” y con resultados que podrían generar incertidumbre para todos. En un contexto de tal atomización y anomia, el remedio podría ser peor que la enfermedad.
