El TC no lucra
El TC cumplió el mandato que la ciudadanía da a todas las autoridades de velar por el bien común, y el que encomienda a él de velar por el cumplimiento de la Constitución.
Rodrigo Pablo es Abogado Universidad Católica.
Tras el último fallo del Tribunal Constitucional (TC) muchos han dicho que este tribunal es un enclave autoritario que supedita la voluntad del pueblo a la de diez personas no electas. Sin embargo, visto el fallo, sus motivos, la trayectoria del tribunal y el momento político por el que pasamos, me parece que no hay institución que cumpla mejor con las expectativas de los chilenos que el TC: los diez jueces, sin ausentarse ninguno, estudiaron detenidamente las dos posturas que se presentaron; escucharon a todos los grupos sociales que solicitaron hacer presentaciones; los diez se interiorizaron del asunto sometido a su consideración, estudiando casos similares chilenos y extranjeros, y emitieron una resolución detallada, de 193 páginas, que contiene las opiniones de cada uno. Los chilenos pueden no entender lo que el TC a resuelto, pueden no entender sus motivos, pueden estar en contra de su resolución o pueden estar a favor, mas no pueden desconocer que hubo un gran trabajo, que es lo que la ciudadanía más quiere de sus representantes, y que dista de la conducta, que en el último tiempo, han tenido los parlamentarios y ministros, que parecen actuar sin pensar en lo que están haciendo.
El TC cumplió el mandato que la ciudadanía da a todas las autoridades de velar por el bien común, y el que encomienda a él de velar por el cumplimiento de la Constitución. La resolución pone de manifiesto que la glosa de gratuidad se opone a la Constitución por cuanto discrimina a los alumnos vulnerables no en consideración a condiciones objetivas y de cierta entidad que hagan distintos a unos de otros, sino en cuanto ellos ingresan o no a una de las instituciones que, sin dar motivos suficientes, se ha decidido privilegiar. Y, si bien, la resolución puede ser discutible, todos estamos de acuerdo en que este punto debe ser considerado para asegurar mayor igualdad y para proteger a los más débiles de nuestra sociedad, ya sea de inescrupulosos empresarios que les cobran caro por una educación inútil, o de burócratas que consumen el presupuesto fiscal.
Por su parte, las autoridades electas parecen haber fallado a la ciudadanía: proponen arreglar un problema permanente, como es el régimen de financiamiento de la educación superior, con una ley que durará solo un año, haciendo que en septiembre del próximo año los cerca de 200 mil jóvenes beneficiarios queden a la espera de saber si hay o no recursos para ellos; afrontan los problemas de la educación superior en una discusión de solo tres días en lo que a la glosa respecta y de tres más en lo que a la ley corta corresponde; al encarar un fallo adverso, en lugar de corregir los errores, deciden desprestigiar al TC; tras el fallo negocian una salida rápida, más discriminatoria que la glosa, que todos aceptan con vítores; no estudian ni se hacen cargo del inmenso problema de la educación superior que va más allá de gratuidad y calidad, abarcando también el mundo laboral: en Chile hay más estudiantes en la educación universitaria que en la técnico profesional (124.099 en CFT, 304.264 en IP y 587.374 en universidades), no existiendo trabajos suficientes para los profesionales, pero de sobra para los técnicos.
Así las cosas, uno podría pensar que si la ciudadanía está harta de los dueños de las universidades, quienes manipulando los sueños de la población y declarando que contribuyen a la sociedad, se llenan los bolsillos, entregando a los alumnos títulos universitarios que no tienen valor alguno, en una actividad donde el lucro está prohibido; entonces está harta de los “representantes del pueblo”, quienes manipulando los sueños de la población y declarando que contribuyen a la sociedad, se llenan los bolsillos y se recargan de honores, entregando a todos los habitantes de la nación soluciones a sus problemas que muchas veces los empeoran, en una actividad que se supone se hace con el único fin de servir al prójimo.
El TC es parte esencial de nuestra democracia, él cautela que las leyes y políticas sean acordes con la Constitución, dando continuidad al desarrollo del Estado y obligando a las autoridades electas a justificar sus decisiones, que es lo que fundamentalmente diferencia a una democracia de una dictadura. Por lo mismo, hay que resaltar su labor, muchas veces heroica, y que se ejerce sin lucro ni renombre mayor para sus miembros.
