Casos de Colusión: Chile necesita mejorar la figura de la delación compensada
Si bien con este tipo de medidas no se eliminarán del todo los acuerdos colusorios, al existir una correlación entre el aumento de penas privativas de libertad, las multas impuestas y la exención de responsabilidad penal en la delación compensada, ciertamente se generará un importante efecto disuasivo y una mayor eficacia en la persecución de estos ilícitos.
Daniel Farcas es Diputado del PPD del distrito N°17 (Conchalí, Huechuraba, Renca) e integrante de la Comisiones de Economía, Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Seguridad Ciudadana. Coordinador de la Red Ciudadana Santiago Norte, administrador público de la Universidad de Chile y Ph.D. en Leadership in Higher Education, Capella University (USA). Ex director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), y ex director de la División de Organizaciones Sociales (DOS).
Durante los últimos años, los chilenos hemos sido víctimas de diversos actos de colusión en bienes de primera necesidad por parte de grandes grupos económicos. Sólo basta recordar el caso de colusión de las farmacias, de los “pollos” y recientemente el caso del papel tissue. La colusión de los supermercados vino a colmar la paciencia y el ánimo de los consumidores que se sienten en la más absoluta indefensión, lo cual nos ha llevado- junto al parlamentario Silber- a presentar querellas en la mayoría de estos casos.
Pero las colusiones no son casualidad, sino el resultado de malas prácticas empresariales que parecen ir generalizándose y atentando gravemente en contra de las normas de libre competencia, afectando la credibilidad de nuestros mercados e impactando negativamente en el bolsillo de los consumidores, que somos todos los chilenos. Lo anterior, se agrava debido a una legislación débil en materia de sanciones para este tipo de ilícitos.
Para poner freno a este tipo de prácticas, debemos impulsar una serie de mecanismos que permitan detectar y sancionar este tipo de carteles. En esta línea, podemos decir que hoy hemos revertido con éxito el grave error que significó eliminar las penas de cárcel para la colusión.
Por otra parte, hemos propuesto que se establezcan penas que van desde los 5 años y un día hasta 10 años de presidio para estos delitos, pues -tal como ha demostrado la doctrina jurídica y económica- una de las herramientas más efectivas para combatir estas prácticas, es la imposición de altas penas privativas de libertad a ejecutivos que participen de actos colusorios. Además de las penas, hemos planteado que es imprescindible imponer multas que representen el doble de las ganancias generadas producto de la colusión.
Asimismo, creemos que es fundamental mejorar la figura de la “delación compensada”, que hoy exime de responsabilidad a quien da cuenta de la existencia de un acuerdo colusorio, lo que en términos prácticos significa una exención de responsabilidad penal.
Si bien con este tipo de medidas no se eliminarán del todo los acuerdos colusorios, al existir una correlación entre el aumento de penas privativas de libertad, las multas impuestas y la exención de responsabilidad penal en la delación compensada, ciertamente se generará un importante efecto disuasivo y una mayor eficacia en la persecución de estos ilícitos.
Junto a lo anterior, resulta fundamental que las empresas se hagan cargo de esta situación e introduzcan cambios importantes en sus Gobiernos Corporativos, generando mecanismos de control interno y revisión de incentivos a ejecutivos, entre otras medidas que resultan relevantes para mejorar las prácticas empresariales.
