Ley de Pesca: Gobierno debe avanzar en iniciativa pro sustentabilidad

A partir de los casos de financiamiento irregular de la política que se han conocido en el último tiempo, sumado a los casos de colusión económica de los “pollos” y el papel “tissue”, se ha instalado en nuestro país un escenario de desconfianza y desprestigio profundos de la actividad política y empresarial.

En ese contexto, la situación de la denominada “Ley Longueira” o Ley de Pesca, constituye sin lugar a dudas uno de los casos de corrupción más graves, pues no existe antecedentes en nuestra vida republicana en que se haya obtenido la aprobación de una ley por medio de hechos delictivos, como en este caso.

La influencia indebida e ilegal formulada sobre parlamentarios durante la discusión de esta norma, para favorecer a la industria, sin considerar los intereses generales de la nación, exige un rechazo categórico transversal de la ciudadanía, y de las fuerzas políticas.

En ese sentido, se hace necesario establecer una fórmula jurídica que permita poner fin a la vigencia de la “Ley Longueira”, sin que ello implique por motivo alguno el pago de indemnizaciones. En este contexto, la idea de la nulidad de la Ley, establecida en el proyecto ingresado a trámite en la Cámara de Diputados, parece un camino político y jurídicamente acertado.

Esta vía no ha estado exenta de crítica. Se ha señalado entre otros argumentos que el Congreso no contaría con facultades necesarias para anular una Ley, y que una norma de este tipo sería inconstitucional. Estas críticas son infundadas e interesadas. Sostener que el Congreso carece de facultades para anular una normativa, es desconocer que este es el principal depositario del poder para crear y eliminar las normas que tenemos como sociedad. El Congreso tiene toda la facultad para discutir y dictar una Ley anulatoria. Así lo ha señalado la doctrina jurídica en relación a la declaratoria de nulidad de derecho público por vía legislativa, con voces autorizadas al respecto, como el profesor Eduardo Soto Kloss.

Asimismo, cabe recordar que no es la primera vez que el Congreso Nacional discute un proyecto que busca anular una normativa. Es el caso del proyecto que declara la nulidad de la Ley de Amnistía, que al igual que el proyecto de nulidad de la Ley de Pesca, se fundamenta en la facultad declarar la nulidad de derecho público por vía legislativa, y el cual ha sido promovido por el Ejecutivo por medio de urgencias legislativas desde 2014, reconociendo de este modo que el Congreso Nacional tiene las atribuciones necesarias para anular una Ley. Si la declaratoria de nulidad por vía legislativa es inconstitucional, como ha manifestado el propio Ministro de Economía, lo debería ser para ambos proyectos y no sólo para la Ley de Pesca.

En ese sentido, llama la atención y preocupa profundamente la contradictoria posición que ha tomado el Gobierno en esta materia. Desde nuestra perspectiva, la Administración de Bachelet debe dejar de defender la actual Ley de Pesca, y avanzar rápidamente con todos los actores en un nuevo proyecto que asegure la sustentabilidad de los recursos, entregue garantías a todos los sectores, establezca protección e incentivos al sector artesanal, y pueda dar por superada la “Ley Longueira”, la cual al ser aprobada mediante cohecho por parlamentarios convertidos en verdaderos funcionarios de la industria, y la existencia de graves conflictos de interés, de diputados y senadores, que participaron en las diversas discusiones y votaciones, teniendo intereses económicos en empresas pesqueras, la convirtió en una normativa ilegitima, que simboliza la corrupción, y constituye un atentado a la democracia y que de mantenerse vigente en nuestro ordenamiento jurídico representaría un grave precedente.