Control preventivo de identidad: un mecanismo aprobado por la gente
"Hago un llamado a que lucha contra la delincuencia debe tener un trabajo coordinado entre los poderes del Estado, donde el Ejecutivo –a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito- debe reforzar esta labor y destinar más recursos a la seguridad, con el objetivo de disminuir constantemente las cifras de la delincuencia".
Daniel Farcas es Diputado del PPD del distrito N°17 (Conchalí, Huechuraba, Renca) e integrante de la Comisiones de Economía, Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y Seguridad Ciudadana. Coordinador de la Red Ciudadana Santiago Norte, administrador público de la Universidad de Chile y Ph.D. en Leadership in Higher Education, Capella University (USA). Ex director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), y ex director de la División de Organizaciones Sociales (DOS).
Resulta sorprendente que en algunos medios de comunicación se menosprecie el argumento de lo que piensa la mayoría de los chilenos, y en este caso particular la abrumadora mayoría, ya que más del 86 % (según encuesta Cadem) de nuestros compatriotas aprueban y apoyan el control preventivo de identidad, hecho que curiosamente es despreciado como insignificante y poco relevante.
La agenda corta anti-delincuencia es un esfuerzo significativo y relevante para aumentar las penas por delitos violentos, obligar a que los reincidentes cumplan penas efectivas de cárcel y otorgar a las policías lo que han solicitado insistentemente: el control preventivo de identidad.
Junto a un grupo de parlamentarios, entre ellos, Juan Luis Castro (PS), Alberto Robles (PR), Aldo Cornejo (DC), Gabriel Silber (DC), Cristián Campos (PPD), Miguel Ángel Alvarado (PPD), Gonzalo Fuenzalida (RN), Marcela Sabat (RN), Claudia Nogueira (UDI) y Juan Antonio Coloma (UDI), hemos conformado la bancada Transversal por la Seguridad Ciudadana y hemos defendido estas iniciativas, porque tenemos la convicción de que no pueden “seguir caminando como Pedro por su casa” aquellas personas que ya han sido juzgadas por los tribunales de justicia y que en muchos casos vuelven a cometer delitos, potencialmente violentos. Es así como las más de 66.0000 órdenes de detención pendientes podrán efectivamente materializarse con la implementación del control preventivo de identidad, y para hacer de este un instrumento aún más eficaz, hemos solicitado que el Gobierno de Michelle Bachelet adquiera el material tecnológico para poder realizar este chequeo en forma biométrica.
La inmensa mayoría de los chilenos, a diferencia de una pequeña élite intelectual, entiende perfectamente que no hay nada controvertido en poder chequear la identidad de las personas para saber si tienen o no una orden de detención pendiente. Estamos seguros, como lo hemos comprobado en las organizaciones sociales que visitamos regularmente, que la ciudadanía apoya entusiastamente las medidas que nos permitan recuperar nuestras calles, y plazas y todo lo que contribuya a mejorar la calidad de vida de nuestra gente, en particular la iluminación, las áreas verdes, la infraestructura deportiva, las actividades culturales y las atribuciones necesarias a nuestras policías.
Desde la Cámara de Diputados realizaremos todos los esfuerzos que estén al alcance para dar una fuerte batalla a la delincuencia y poner a disposición de las policías todas las facultades y facilidades para que puedan hacer frente a este flagelo, que día tras día mantiene amedrentados a los ciudadanos de todo un país y les priva de gozar del derecho universal de vivir en un entorno seguro y tranquilo.
Pero también hago un llamado a que lucha contra la delincuencia debe tener un trabajo coordinado entre los poderes del Estado, donde el Ejecutivo –a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito- debe reforzar esta labor y destinar más recursos a la seguridad, con el objetivo de disminuir constantemente las cifras de la delincuencia. Asimismo, hay que agregar que tenemos desafíos pendientes en la reinserción y además, en la modificación de la Ley Penal Adolescente.
