Desprestigio de la política: mejorar control de órganos fiscalizadores

A 27 años del retorno a la democracia nuestro país vive el mayor momento desprestigio de la política y los políticos, que también alcanza a la totalidad de las instituciones.  Así lo demuestra la encuesta del Consejo para la Transparencia, que da cuenta que el 57% de los chilenos cree que los organismos públicos en Chile son “muy corruptos”.

Esta percepción ciudadana no es fruto de la causalidad, sino que de los escándalos de SQM, Caval, Corpesca y Penta que han sacudido a las instituciones, a los partidos y a la clase política en general, lo que se suma a una forma de hacer política que hoy evidentemente se encuentra agotada.

Hacer frente al descrédito y la desconfianza es sin duda el mayor desafío que enfrenta el sistema político y nuestra democracia. Para avanzar en ello, es urgente dar pasos para recuperar la confianza en las instituciones y la clase política debe actuar de manera consistente para volver a conectar con el sentir ciudadano, lo que pasa por entregar señales potentes de transparencia, mejorar el control de la gestión pública y la labor de los órganos de fiscalización y así terminar con los discursos y defensas corporativas.

El clima de descrédito de las instituciones exige respuestas claras, consistentes y coherentes desde la política, y un actuar irreprochable en el desempeño de las funciones públicas. La transparencia es uno de los elementos fundamentales para dar respuesta a esas exigencias.

Hay que reconocer el esfuerzo que está realizando el Gobierno impulsando una ambiciosa agenda de transparencia y probidad, que contiene medidas fundamentales como la nueva Ley de Probidad que establece la obligación para cerca de 18 mil funcionarios y autoridades públicas de realizar una declaración pública de su patrimonio e intereses.

Asimismo, aquellas autoridades de mayor grado de responsabilidad deberán realizar mandatos especiales para desligarse de sus bienes mientras ejerzan en un cargo. También, algunas autoridades que tengan propiedad en ciertos rubros estratégicos, como las concesiones de tele y radiodifusión, sufrirán la enajenación forzosa de esos bienes. Todo esto representa un gran avance, pero junto a ello se debe además avanzar en la profundización de nuestra democracia.

Chile requiere un nuevo concepto de democracia mucho más amplio que el conocimos con la transición y se hace necesario incorporar nuevos mecanismos participativos que den paso una nueva forma de hacer y entender la política, que abra las puertas a una nueva generación de personas comprometidas con lo público y capaces afrontar con seriedad y transparencia los desafíos de futuro de nuestro país.

Profundizar nuestra democracia y mejorar los niveles de transparencia en política es fundamental para evitar los conflictos de interés y el enriquecimiento ilícito, como también el facilitar la fiscalización ciudadana respecto al actuar de las autoridades y funcionarios públicos. Pero asimismo, constituye una herramienta potente para frenar la desinformación y los discursos anti-política, que al igual que la corrupción constituyen un peligro para la propia democracia.