En defensa de nosotros mismos

A medida que avanza el debate en torno al “Proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (Boletín N° 9895-11)”, ha quedado claro que este no pretende despenalizar el aborto en ciertos casos específicos, requeridos por los profesionales de la medicina para el buen desempeño de sus funciones, sino en avanzar hacia el establecimiento del aborto libre en nuestro país y, además, que su éxito significará un gran daño a varios valores fundamentales de nuestra sociedad, a saber: respeto de la vida, del régimen democrático, de la libertad y de la igualdad.

Con respecto a los dos primeros, el proyecto no respeta lo prescrito en el artículo 19 N° 1 de la Constitución; el que manda a la ley proteger “la vida del que está por nacer”. Si bien algunos han sostenido que esta norma no prohíbe a nivel constitucional cualquier clase de regulación del aborto, evidentemente no admite la existencia de leyes que dejen en el más completo desamparo a la niña o niño que se encuentre en el vientre materno, como ocurre en este caso. De modo que la propuesta, no solo deja indefensos y priva de derechos a los más débiles, sino que, a su vez, se erige como una legislación antidemocrática por no respetar la Carta Fundamental, que aunque a muchos no les guste, es la que se encuentra vigente y la que se debe obedecer.

Con respecto a la libertad, cabe considerar que el proyecto, al impedir a instituciones privadas de salud oponerse a que en sus instalaciones se perpetre abortos, se ha convertido en una medida que acaba con las libertades de conciencia, religión y asociación, y ataca la libre iniciativa que, en el ámbito de la salud, mucho bien ha hecho al país. En este contexto, conviene preguntarse si los médicos y los donantes que fundaron la maternidad de la Universidad Católica –llamada San Ramón Nonato en honor al santo que fue rescatado del vientre de su madre cuando ella murió en el parto-  y otros que como ellos han cooperado con muchas otras instituciones, lo habrían hecho si hubieran sabido que sus donaciones y trabajos serían más tarde utilizados para eliminar a niños no deseados; lo que, sin duda, a todos ellos hubiese parecido y parece monstruoso.

Así, la propuesta pone en peligro la obra de mucho y disuade a otros de aportar al desarrollo de la salud en nuestro país, y piénsese lo que sería de la Posta Central si no hubiese contado con el apoyo económico de monseñor Valech quien, por cierto, no estaría entre quienes apoyan el proyecto.

Finalmente, el proyecto golpea duramente la igualdad, creando una diferencia abismante entre los no nacidos, según su salud, condiciones de su concepción y si son o no deseados por sus progenitores; poniendo término al positivo recorrido que desde los albores de su historia había dado Chile en el desarrollo de ella: libertad de vientre (1811), autorización de la investigación de la filiación (1935) e igualación de los hijos con independencia de las circunstancias de su concepción y nacimiento (1998). Este proyecto, es un retroceso, y demanda que todos quienes lo apoyan se pregunten ¿qué diferencia hay entre quien ha sido concebido como resultado de una violación y el que lo ha sido en el interior de una familia? No es acaso la misma que hay entre el hijo de un matrimonio y el que no lo es, es decir: ninguna.

En los países del hemisferio norte crecen y avanzan grupos que reivindicando la existencia de una raza superior -aunque no lo confiesen directamente- abogan por la expulsión de aquellos que consideran “indeseables” de sus territorios y por la imposición a los “países del sur” de tratos comerciales que nos reduzcan, prácticamente, a la esclavitud económica. Siendo la única barrera que en defensa de nosotros mismos podemos levantar: la universalidad de los derechos humanos que sirven de fundamento a la sociedad occidental. Seamos coherentes con ello y reconozcamos esos mismos derechos a quienes ni siquiera pueden hablar en su propio interés.