Un engendro entre gallos y medianoche

Nos despertamos, una vez más, sorprendidos y asqueados de la clase política, que transversalmente y en un plazo de horas, pretende imponer a la ciudadanía, o sea a todos los que les elegimos, una ley mordaza semejante a la que vivimos durante la dictadura. Bien disfrazada en torno al “control de filtraciones”.

El senador PPD Felipe Harboe, fue el primero en proponer una sanción exclusiva para fiscales o sus ayudantes cuyas actuaciones afectasen el cauce de una investigación penal. “Es una norma pedida por los fiscales para resguardar la integridad de sus investigaciones y no afecta las investigaciones sobre platas políticas porque, en general, estas son de carácter público”.

La idea del senador fue recogida por el Fiscal Nacional subrogante, Andrés Montes, que luego propuso ampliar el castigo a los intervinientes, es decir, imputados y querellantes. “Muchas filtraciones de la carpeta investigativa son realizadas por personal ajeno”, dijo en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. En declaraciones a la prensa señalo que no significaba este articulado un límite a la libertad de expresión.

La indicación al artículo 182 del Código Procesal Penal, votada en forma unánime en el Senado, “sanciona con presidio menor en su grado mínimo a medio a cualquier persona que viole las normas sobre secreto establecidas en ese artículo. La infracción de estas prohibiciones será sancionada con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo, tratándose de quien proporcionare la información. En caso de que la información fuere difundida por algún medio de comunicación social, se impondrá, además, a su director, una multa de 10 a 50 UTM”, dice la ley.

O sea, si no es ley mordaza, ¿Qué es?

Los parlamentarios contaron con el apoyo del Gobierno a través del Ministro del Interior Jorge Burgos y de Javiera Blanco, Ministro de Justicia.

En una defensa pretoriana, que alcanza al Ejecutivo y por ende a la Presidente y su entorno, quienes deben velar por una auténtica libertad de expresión y la dignidad de todo procesado se escudan en un engendro sacado entre gallos y medianoche. Tienen con ello, la certeza que, una vez promulgada la Agenda Corta anti delincuencia, se juzgue, persiga y se encarcele a todo aquel que filtre informaciones dañinas a la integridad de la persona en proceso, sea este merecedor de cárcel o sea una blanca paloma.

Actualmente, la Ley Orgánica del Ministerio Público establece, en su artículo 64, que “los fiscales deberán abstenerse de dar opiniones acerca de los casos que tuvieren cargo”. En tanto, el artículo 182 del Código Procesal Penal, señala: “Los funcionarios que hubieren participado en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tuvieren conocimiento de las actuaciones de la investigación estarán obligados a guardar secreto respecto de ellas”, sin explicitar una sanción sobre las filtraciones.

Este martes día“negro” se votó sin debate alguno. Ninguno de los senadores leyó por separado cada artículo del proyecto. La votación pasó prácticamente desapercibida. Tanto así que el Senador independiente por Antofagasta, Alejandro Guillier, declaró a TVN que le habían pasado un gol. O sea no leyó el articulado que castiga con penas de cárcel no solo a los fiscales que filtren una información sino a todos quienes la divulguen, o sea a los periodistas, sus colegas. Inaudito para quien presidiera la Orden gremial acérrima defensora de la libertad de prensa.

Con la aprobación del Senado se pone fin a la acciones investigativas de los periodistas quienes con su valentía y constancia han permitido que nuestra sociedad tome nota de la corrupción y otros males que cada uno de estos “gallos” realizan a espaldas de la ciudadanía.

Una sociedad sana no teme controles de este tipo. Una sociedad madura, tampoco. Ni estamos sanos ni estamos maduros. Seguimos dependiendo de legisladores ciegos, agrupados en un hemiciclo, defendiéndose de la sociedad que ellos juraron hacerla mas justa y mas libre y más transparente.

Es cierto que legislan bajo la presión. Y sacan por lo tanto leyes muertas. Como es el caso de la recién aprobada Ley de Inclusión para colegios públicos y particulares subvencionados. Ello obliga a que los sostenedores no discriminen al educando. Resulta, que ésta termina en la puerta del colegio, porque a su interior el que manda es el Director del Establecimiento el cual es libre de aceptar o rechazar a un estudiante que llegue con pelo largo, mascando chicle o con un anillo en la nariz. Para decir lo menos.. O sea, se pasa por el forro lo que la autoridad promulgó.

Tal como lo ha dicho el presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, quien calificó un retroceso la norma.. “Me parece que habría que estudiarlo bastante porque es una especie de vuelta al secreto de sumario“, indicó sobre esta polémica normativa. “En Chile siempre se ha legislado en caliente, o sea, salen las leyes cuando están más fuertes los hechos”.

Hugo Dolmestch aclaró que en la actual ley “existe una forma de control” sobre la publicidad en los procesos judiciales, y sostuvo que “me llama la atención” la eventualidad de aplicar sanciones penales al respecto. Lo que yo he planteado, y reitero, es que me parece que en esta situación del país en que hay desconfianzas recíprocas, y la gente tiene sus dudas sobre algunos poderes del Estado o con algunas instituciones del Estado, lo conveniente es que se investigue“.

Los legisladores hablan de democracia, libertad de expresión y proteger al inocente investigado en algún proceso ante Fiscalía. Sin embargo con esta actitud nos volvemos, a un tipo de fascismo “glorioso” en el siglo pasado. En el cual pueblos enteros fueron sometidos y diezmado. Ello por nombre del Señor, y la civilización cristiana.

La discusión sobre esta normativa recién se inicia. Los chilenos nos caracterizamos por un sentido común silente que al momento de las decisiones marcamos por quien nos legisle o quiénes no.

Los periodistas deberemos seguir comunicando e investigando a fondo los hechos. La opinión publica lo demanda, duela a quien le duela.